Cedice-Libertad, a través de un comunicado sobre la Ley de Costos y Precios Justos, manifestó que los mecanismos de administración y control para mantener la estabilidad de precios son competencias del Banco Central de Venezuela. Cedice apunta que con esta Ley se crea un Sistema Nacional Integrado de Costos y Precios cuyo fin será, entre otros, “identificar agentes económicos que, por la contraprestación de servicios, o ventas de productos, fijen precios excesivos” y agrega que en un país donde existe una inseguridad para las inversiones y una elevada tasa de inflación, generada por un gasto público descontrolado, se desprende de esta función que el Estado Venezolano se convertirá en un Estado Policial, donde el principio constitucional de presunción de inocencia queda derogado por vías de hecho.
También señala que se crea un nuevo ente burocrático, que procurará establecer un sistema con el cual controlar la cadena de producción, comercialización y distribución de cualquier tipo de bien o servicio. Agrega que al gran número de registros que deben hacer las empresas uno nuevo, que es el Registro Nacional de Precios de Bienes y Servicios, el cual estará a cargo de la Superintendencia Nacional de Costos y Precios.
Expresa Cedice que de la ley se desprende que corresponderá a la Superintendencia creada establecer los precios que considere “justos”, de acuerdo a la información aportada por las empresas y la revisión de estructura de costos que realice, y destaca que las estructuras de costos no pueden ser estandarizadas porque son particulares en cada empresa (eficiencia, eficacia y productividad), y toma en consideración una serie de factores, cuyas distorsiones no se solucionan por una imposición gubernamental.
Para Cedice-Libertad, con esta nueva ley se sigue configurando un régimen cuyo norte es eliminar la libre iniciativa, el emprendimiento y las libertades de los ciudadanos, para convertirlos en esclavos dependientes de un Estado que cada vez se hace más ineficiente.
