El diputado a la Asamblea Nacional y jefe de la fracción parlamentaria de Primero Justicia, Juan Carlos Caldera, acompañado del coordinador nacional de la tolda amarilla Julio Borges; presentó a la Fiscal General de la República, un escrito para solicitar la apertura de un proceso a los magistrados del TSJ que recibieron en días pasados BsF 10.000, en cesta ticket desconociendo la Ley de Emolumentos.
“A la Fiscal General, le corresponde la presidencia del Poder Moral y en ese sentido venimos a exigir la calificación de falta grave de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que se “embucharon” un cesta ticket de diez mil bolívares en violación flagrante de la Ley de Emolumentos, aprobada por la Asamblea Nacional saliente”.
“Hemos tenido una posición contraria a la Ley de Emolumentos por considerarla inconstitucional, pero mientras no sea derogada, es una Ley de la República y por tanto todos los funcionarios públicos deben acatarla, no pueden haber funcionarios de primera y funcionarios de segunda, venezolanos que ganan BsF 532 en cesta ticket que sería la mayoría en el país y unos Magistrados que se meten BsF 10.000 en cesta ticket”, resaltó.
Juan Carlos Caldera explicó que “cada cesta ticket de diez mil bolívares se traduce en 20 jubilados y pensionados que esperan que se les apruebe el bono de alimentación, son también 20 familias venezolanas que se les niega el derecho a cesta ticket”.
“Estamos pidiendo la calificación de falta grave que conlleva la destitución de los magistrados que recibieron este beneficio. Conocemos que hay alrededor de cinco magistrados que rechazaron esta tarjeta alegando la ilegalidad del monto de este beneficio, porque viola la Ley de Emolumentos y devolvieron este cesta ticket”.
Aseveró que “las instituciones tienen que responder y proceder de manera inmediata a citar a los magistrados que recibieron el cesta ticket y darle el derecho a la defensa y proceder a la calificación de la falta grave, para luego llevar el caso a la Asamblea Nacional, que sería la última etapa de este proceso”.
En el escrito entregado por Primero Justicia al Poder Moral se argumenta que “la aprobación de remuneraciones que exceden el tope del emolumento de los Magistrados es una conducta contraria a la honestidad y decoro, que son bienes jurídicos tutelados también por el régimen de los emolumentos (artículo 45 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano). Por ello, la supuesta aprobación de esa remuneración califica como falta grave, según el numeral 1 del artículo 11 esa Ley, que tipifica como falta toda conducta que atente contra la ética pública y la moral administrativa”.
“Es más, en tanto esa decisión supone una erogación ilegal al patrimonio público, también podría aplicarse la causal de destitución del numeral 4 de ese artículo, referido a la adopción de decisiones que atenten o lesionen los intereses de la Nación. Estos mismos supuestos pueden encontrarse en el numeral 13 del artículo 62 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, pues esta supuesta decisión, de existir, sería un caso de abuso o exceso de poder. Recordamos que el perjuicio al patrimonio público es además una causal especial de destitución del juez, conforme al artículo 32 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana”.
“Constituye una conducta manifiestamente contraria a este marco normativo, que el Tribunal Supremo de Justicia, principal garante del Estado de Derecho en Venezuela, adopte una decisión que de manera abierta y evidente infringe el ordenamiento jurídico, al acordar una remuneración muy superior al tope máximo del emolumento fijado en la Ley, y que además, resulta también violatoria de la Ley de Alimentación para los Trabajadores y las Trabajadoras”, refiere el escrito.
Juan Carlos Caldera expresó que “es una acción inmoral que los Magistrados se rebajaran el sueldo acorde a la Ley de Emolumentos y luego que el monto que les quedó por fuera, lo cobren en cesta ticket de forma ilegal. No tienen como darle la cara a los venezolanos que cobran BsF 532, en cesta ticket o a los pensionados y jubilados que no disfrutan de este bono de alimentación”.
“El Poder Moral tiene ocho días para citar a los Magistrados y ejercer su derecho a la defensa, luego a los diez días el Poder Moral debería calificar la falta y enviarlo a la Asamblea Nacional, lo importante es que este caso no se engavete y que no metan la cabeza en la tierra como el avestruz, sino que le diga al país que van a actuar, que no hay protegidos”, concluyó.
“Es una acción inmoral que los Magistrados se rebajen el sueldo acorde a la Ley de Emolumentos y luego que el monto que les quedó por fuera, lo cobren en cesta ticket de forma ilegal. No tienen como darle la cara a los venezolanos que cobran BsF 532, en cesta ticket o a los pensionados y jubilados que no disfrutan de este bono de alimentación”, dijo
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