El Consejo de Estado de Colombia, que es el órgano que reune al tribunal contencioso administrativo del vecino país, nuevamente negó los requerimientos de la exsenadora Piedad Córdoba, la cual solicitaba su regreso al congreso, y que fue destituída e inhabilitada por 18 años por la Procuraduría general de Colombia por la denominada “Farcpolíitica”.
La exsenadora solicitó que la máxima instancia de la jurisdicción contencioso administrativa dejara sin efectos la sanción, mientras estudiaba la demanda del acto administrativo a través de la cual se hizo efectiva la decisión.
Es la sexta oportunidad que la exsenadora liberal pierde una batalla jurídica por volver a su posición en el congreso colombiano, luego de que tanto el Tribunal Superior de Bogotá y la Corte Suprema de Justicia, a través de sus salas Penal y Laboral, nuevamente negaran las acciones de tutela que interpusieron sus electores y ella misma, buscando revertir la condena disciplinaria en su contra.
La exdirigente busca ser restablecida en su cargo y ser reparada por perjuicios morales, que incluirían el pago de salarios que ha dejado de percibir Córdoba, desde que fue apartada de la curul que ocupaba en nombre del Partido Liberal.
