El abogado y asesor jurídico de Globovisión, Ricardo Antela, señaló que de ser cierta la denuncia hecha por el diputado Alfonso Marquina sobre una posible medida de cierre contra el canal, "hay seis procedimientos que permitirían en minutos una sanción sobre Globovisión".
Explicó que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) podría decidir en alguno de estos seis procedimientos de manera súbita, lo que acarrearía el cierre por 72 horas del canal.
"La consecuencia inmediata es que en tres días no se transmitiría ni por señal abierta ni por televisión por suscripción, pero la consecuencia a mediano plazo es que la sanción siguiente, por cualquiera de los procedimientos abiertos, significaría la clausura definitiva", aseveró.
Antela resaltó que según la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, se establece la reincidencia en un período de cinco años siguientes a la primera sanción.
Recordó que los seis casos son: las declaraciones del editor y periodista Rafael Poleo en el programa Aló Ciudadano; los comentarios emitidos por el Gobernador Enrique Salas Feo por presunto adelanto de resultados electorales; la lectura de un mensaje de texto en el programa Buenas Noches que presuntamente infringía la ley; la supuesta zozobra generada durante el sismo; y, la más reciente, la situación en el Rodeo.
"El Gobierno debe estar incómodo con las denuncias de los hospitales, de la inseguridad y, desde luego, debe estar molesto por el caso de la narcoavioneta", dijo.
Solicitud al Saren
El asesor jurídico de Globovisión informó que desde hace dos años no se está admitiendo el registro ni la autenticación de los papeles de Globovisión en el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) con la excusa de que es necesaria una autorizacion de Conatel, institución que no asume la responsabilidad por no estar prevista en la ley.
Antela indicó que la medida ha afectado no sólo a Globovisión Televisión, sino a todas las empresas relacionadas con ella. Enumeró algunas de las situaciones que pueden presentarse con esta medida: "no podríamos recibir campañas porque para contratar con el Estado debemos estar inscritos en el registro. Necesitamos las actas registradas donde aparecen las directivas, pero no está legalmente registrada. No podemos actualizar el RIF, y si no hay RIF, no se puede pagar impuestos, ni hacer trámites tributarios. No podemos actualizarnos en la Comisión de Administración y Divisas (Cadivi). No podemos obtener solvencia laboral".
"La consecuencia inmediata es que en tres días no se transmitiría ni por señal abierta ni por televisión por suscripción, pero la consecuencia a mediano plazo es que la sanción siguiente, por cualquiera de los procedimientos abiertos, significaría la clausura definitiva", aseveró.
Antela resaltó que según la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, se establece la reincidencia en un período de cinco años siguientes a la primera sanción.
Recordó que los seis casos son: las declaraciones del editor y periodista Rafael Poleo en el programa Aló Ciudadano; los comentarios emitidos por el Gobernador Enrique Salas Feo por presunto adelanto de resultados electorales; la lectura de un mensaje de texto en el programa Buenas Noches que presuntamente infringía la ley; la supuesta zozobra generada durante el sismo; y, la más reciente, la situación en el Rodeo.
"El Gobierno debe estar incómodo con las denuncias de los hospitales, de la inseguridad y, desde luego, debe estar molesto por el caso de la narcoavioneta", dijo.
Solicitud al Saren
El asesor jurídico de Globovisión informó que desde hace dos años no se está admitiendo el registro ni la autenticación de los papeles de Globovisión en el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) con la excusa de que es necesaria una autorizacion de Conatel, institución que no asume la responsabilidad por no estar prevista en la ley.
Antela indicó que la medida ha afectado no sólo a Globovisión Televisión, sino a todas las empresas relacionadas con ella. Enumeró algunas de las situaciones que pueden presentarse con esta medida: "no podríamos recibir campañas porque para contratar con el Estado debemos estar inscritos en el registro. Necesitamos las actas registradas donde aparecen las directivas, pero no está legalmente registrada. No podemos actualizar el RIF, y si no hay RIF, no se puede pagar impuestos, ni hacer trámites tributarios. No podemos actualizarnos en la Comisión de Administración y Divisas (Cadivi). No podemos obtener solvencia laboral".
