AP) — El presidente Juan Manuel Santos reveló el sábado que el extinto
líder y fundador de la guerrilla de las Farc era propietario de más de
50 fincas en dos departamentos del centro y del noreste del país.
Durante un acto público en la ciudad de Valledupar, departamento de Cesar y a
655 kilómetros al norte de Bogotá, el gobernante dijo que Pedro Antonio Marín,
conocido como “Manuel Marulanda” o “Tirofijo”, fundador en 1964 de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), poseía 57 fincas en
Cundinamarca y Norte de Santander, valuadas en unos 5,2 millones de
dólares y que les habrían sido arrebatadas ilegalmente por la guerrilla a
campesinos.
La información sobre las fincas de “Tirofijo” fue encontrada en los
computadores incautados en los campamentos de los jefes rebeldes Víctor Julio
Suárez, alias “Mono Jojoy”, y Alfonso Cano, quienes fueron muertos por
la fuerza pública en septiembre de 2010 y en noviembre de 2011, respectivamente,
indicó Santos.
Tirofijo murió de muerte natural en marzo de 2008, según informó el grupo
guerrillero.
Hace 15 días el gobierno informó que las Farc poseen haciendas arrebatadas a
campesinos de entre 5.000 y 46.000 hectáreas en la región sur de Colombia y
anunció acciones para recuperar el dominio sobre estas zonas.
El director de la Unidad estatal de Consolidación y Reconstrucción
Territorial, Alvaro Balcázar, dijo que el despojo de tierras en el país
protagonizado por las Farc “podría ser superior” al perpetrado por grupos
paramilitares.
El funcionario precisó que el avalúo de estas propiedades fácilmente alcanza
los 65.000 millones de pesos (más de 35 millones de dólares), incluidos lotes de
ganado y caballos.
Las Farc son consideradas por Estados Unidos y la Unión Europea como
una organización terrorista. Según el gobierno tiene en sus filas entre
8.500 y 9.000 integrantes.
En Colombia, un país de 114 millones de hectáreas de tierra, al menos dos
millones le fueron quitadas a los campesinos por grupos armados ilegales, cuatro
millones fueron abandonadas por sus propietarios por temor al accionar de esos
grupos y entre 400.000 y 500.000 le fueron “robadas” al Estado en
procesos fraudulentos en notarías y registros.
