AVN.- “Ante la experiencia que ha tenido Bolivia luego de retirarse del
Ciadi (Centro Internacional para la Resolución de Disputas sobre Inversiones)
podemos afirmar que la seguridad jurídica estará garantizada para las
inversiones extranjeras que se hagan en Venezuela”, afirmó Jorge
Alvarado, embajador de La Paz en Caracas.
A principios de enero, el presidente de la República, Hugo Chávez, anunció el
retiro de Venezuela del Ciadi y, por lo tanto, el país no reconocerá decisión
alguna que proclame el organismo sobre la demanda que la empresa petrolera
estadounidense Exxon Mobil presentó contra Petróleos de Venezuela (Pdvsa), por
la nacionalización de sus activos en 2007.
Una experiencia parecida a la venezolana fue vivida por el gobierno del
presidente Evo Morales en el año 2007, cuando Bolivia decidió retirarse del
Ciadi.
“Nosotros en Bolivia hemos tenido amargas experiencias con el Ciadi.
Una de ellas se dio en el año 2000 cuando se realizó la guerra del agua
y expulsamos a la empresa transnacional Aguas del Tunari”, refirió el
embajador.
Indicó que la empresa transnacional Aguas del Tunari, que mantenía
privatizada en Cochabamba el agua potable y servida, decidió demandar a Bolivia
ante el Ciadi, “para poder dirimir las diferencias y exigir la subvención de las
supuestas inversiones que había realizado en la ciudad, cuando en realidad no
había hecho ninguna inversión”, refirió.
“Nosotros, como país soberano, como gobierno soberano e
independiente, hemos estado tomando medidas de nacionalización de
aquellas empresas que antes eran del Estado boliviano y que, como consecuencia
del modelo económico neoliberal, fueron entregadas a las empresas
transnacionales”, recordó.
Alvarado indicó que el tribunal compuesto por el Ciadi está integrado por
“dos miembros del Banco Mundial y un tercer miembro que es representante de la
empresa que acude al Ciadi”.
Por lo tanto, “siempre el tribunal saldrá defendiendo los intereses de la
empresa privada y en ningún momento le dará la razón al país que está sufriendo
los abusos y las extralimitaciones de esas empresas transnacionales”, dijo.
Alvarado destacó que las inversiones internacionales hechas en el país
altiplano están protegidas por la Constitución nacional, al igual que sucede en
Venezuela.
“Esa garantía ha mantenido en constante crecimiento la inversión
privada, en por lo menos un 300%, en áreas como minería e
hidrocarburos”, destacó.
