Argentina apelará de forma completa el lunes en Estados Unidos la decisión de un juez que ordenó el pago inmediato de bonos incumplidos, argumentando que esto marcaría un antecedente que impedirá futuras reestructuraciones de deudas soberanas, dijeron fuentes oficiales citadas el domingo por un diario local.
El juez de distrito Thomas Griesa levantó el viernes una medida cautelar que impedía embargos contra Argentina y le dio plazo hasta el 15 de diciembre para pagar unos 1.330 millones de dólares a acreedores que rechazaron las ofertas de reestructuración del Gobierno del país sudamericano.
El plan legal de Argentina es presentar el lunes un pedido de revisión de la sentencia de Griesa frente a la corte de apelaciones de Segundo Circuito, compuesta por 13 jueces, en la que también cuestionará el mecanismo de pago dispuesto por el magistrado, señaló el domingo el periódico oficialista Página 12.
La estrategia argentina podría haber contemplado una apelación parcial de la decisión de Griesa, que incluyera el pago correspondiente a los cupones atados al crecimiento.
"El argumento (de Argentina) es sencillo y contundente", dijeron fuentes oficiales, de acuerdo al medio.
"Si la Justicia acepta la visión de Griesa, ningún país podrá realizar un proceso de reestructuración exitoso como el argentino con una quita significativa, reducción de los intereses y extensión de los plazos", agregaron las fuentes, según Página 12.
Por otro lado, el periódico agregó que fuentes del Ministerio de Economía confirmaron que "la apelación también cuestionará el mecanismo de pago dispuesto por el magistrado neoyorquino e incorporará las posiciones de las distintas instituciones financieras estadounidenses que (...) respaldan la posición argentina".
El titular de la cartera de Economía argentina, Hernán Lorenzino, ya había dicho el jueves que el país presentará el lunes en la corte de apelaciones un pedido de revisión de la sentencia y señaló que la nación austral agotaría las instancias judiciales incluyendo la de acudir a la Corte Suprema.
Argentina, la tercera economía de Latinoamérica, declaró en el 2002 la mayor cesación de pagos de la historia -alrededor de 100.000 millones de dólares-, en medio de una feroz crisis económica.
Cerca del 93 por ciento de los tenedores de bonos argentinos acordaron en el 2005 y en el 2010 canjear la deuda del default del 2002 por un nuevo papel, con una fuerte quita.
Sin embargo, inversores de bonos como NML Capital Ltd -filial de Elliot Management Corp- y Aurelius Capital Management rechazaron la reestructuración y hace más de diez años mantienen una batalla legal, que la decisión de Griesa favorece, para cobrar el 100 por ciento de sus bonos impagos.
Si el Gobierno argentino cumple con su amenaza de no acatar la orden judicial, Griesa adelantó que echará mano a los pagos por 3.100 millones de dólares que la nación sudamericana debe hacer en diciembre para servir los bonos reestructurados.
Esto implicaría un incumplimiento técnico de la deuda soberana argentina -porque el dinero enviado para el pago regular sería dividido entre más acreedores- y dejaría en el limbo títulos reestructurados por unos 24.000 millones de dólares.
Desde la cesación de pagos de hace una década, Argentina nunca pudo volver a financiarse en los mercados internacionales de capitales y la inversión extranjera directa se redujo fuertemente.
