Banqueros, financieros y miembros de Gobiernos se reunirán el próximo lunes en Nueva York para trabajar en eso que todos llevan en mente desde los primeros temblores del terremoto financiero internacional: frenar la dependencia pública y privada de las agencias crediticias. Las también llamadas agencias de calificación de riesgos, esas que juzgan la mayor o menor fiabilidad de empresas o países como pagadores, con lo que marcan su coste de financiación, ocupan un lugar destacado en esa lista de villanos oficiales desde el primer estadio de la crisis financiera: otorgaron la mejor nota posible a los productos financieros del estafador Bernard Madoff o de algunos bonos de Lehman Brothers hasta poco antes de hundirse. Su sector se reduce a no más de tres nombres —Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch— que concentran casi todo el mercado.
Aunque todo calendario que el G-20 se plantea es susceptible de ser incumplido, la cita del lunes servirá para que autoridades nacionales, reguladores y el sector privado intercambien sus experiencias para limitar el poder de las firmas de rating. Los dos grandes ejes del plan que el FSB entregó al G-20 a principios de mes consisten en revisar todas las normativas e identificar las exigencias relativas sobre las agencias, es decir, evaluar los requisitos que se le exigen a Estados, bancos y compañías, en aras de garantizar su salud financiera y reducir el número de los que dependen del veredicto de las firmas de rating.Y el G-20, muy dado a anuncios rimbombantes, lleva años con la intención de poner coto al poder de estas firmas, aunque esta vez tiene negro sobre blanco una hoja de ruta diseñada por el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB, en sus siglas en inglés) con fechas muy concretas: realizar un inventario de reformas y cambios regulatorios para reducir la presencia de estos ratings como requisitos a mediados a de 2013 y el impulso de métodos de análisis alternativos en 2014 para que todos los cambios estén en vigor en 2015.
Como segundo gran pilar, está el trabajo con las autoridades para reclamar a los bancos que refuercen sus análisis de riegos para sustituir la dependencia automática de las notas de las agencias. Solo la mejora de esta capacidad, que debería empezar a comprobarse en 2013, puede hacer posible cambios del primer eje, alerta el Consejo.
El analista financiero Juan Ignacio Crespo se muestra escéptico respecto a esta suerte de rebelión contra el poder de estas firmas: “Creo que respecto a las agencias solo pueden hacer algo los poderes fácticos, y con esto me refiero a los cuatro grandes banco centrales (el Banco Central Europeo, el de Inglaterra, el de Japón y la estadounidense Reserva Federal) y los jueces”.La rebaja de nota a una institución por parte de una de estas agencias se traduce automáticamente en un aumento de los intereses que tiene que pagar por tomar dinero prestado o supone su exclusión del foco los fondos de inversión. No molestaron a nadie cuando subieron las notas de países en plena euforia económica y crediticia, pero han levantado ampollas en la época de las rebajas. España, por ejemplo, ha pasado de la matrícula de honor —la triple A— a un paso del bono basura en apenas tres años.
Estos últimos ya han comenzado a mover ficha. En Australia, la Corte Federal acaba de condenar a S&P y a otras dos entidades de inversión de capital a indemnizar a 13 Ayuntamientos por haberles recomendado un complejo producto financiero que les generó grandes pérdidas en 2008. La magistrada encargada del caso consideró que la información proporcionada a los clientes era “engañosa y falaz”. En Italia, la fiscalía ha presentado cargo contra responsables de S&P y Moody's, al acusarles de utilizar artificios en su análisis y difusión de la calificación de la deuda pública italiana, algo que, según el escrito del fiscal, llegó a provocar “una desestabilización de la imagen del país en los mercados financieros, una alteración del valor de sus títulos de Estado y un debilitamiento del euro”. Hasta ahora, las agencias se han resguardado en la libertad de expresión. Dicen que sus informes no son más que opiniones.
Xavier Vives, profesor de IESE y miembro del grupo de estudio alemán Cesifo cree que “lo más importante sería rebajar su poder de monopolio”. Para Crespo, “una medida útil sería cambiar algo del sistema: que quien pague por esos exámenes sean los grupos de inversores”. De hecho, uno de los últimos reproches a las agencias parte de un estudio publicado por el BCE en el que se muestra que Moody's, S&P y Fitch otorgan mejores notas de forma sistemática a los clientes que, además de para recibir su calificación, les contratan para otras labores. “Existen conflictos de intereses entre los bancos y las agencias de calificación que parecen alterar el proceso de calificación”, señala el informe publicado en octubre y elaborado entre 1990 y 2011.
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