El presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), Roberto Orta, afirmó que tanto propietarios como inquilinos se han visto afectados en todo el país por la Ley de Arrendamiento, la cual ha generado irregularidades que no permiten el correcto y satisfactorio establecimiento de alquileres.
Recordó que el tribunal de consignaciones de los cánones de arrendamientos se encuentra clausurado desde el 15 de abril, lo que ha impedido que los propietarios retiren el dinero que tienen depositado en esa instancia. Agregó que por la disposición transitoria novena de la Ley de Arrendamiento, al transcurrir un año desde su entrada en vigencia (que se cumplió este lunes 12), los recursos en ese tribunal de consignaciones pasarían a un fondo del Estado.
Orta calificó esta situación de injusta, ya que las personas no han podido cobrar sus alquileres porque las autoridades no han cumplido con la Ley de Arrendamiento.
Los propietarios tomarán medidas legales para impedir que los ciudadanos pierdan su dinero de esta forma irregular, afirmó Orta, quien además indicó que hay 70 millones de bolívares en riesgo por esta situación.
Destacó que todo el proceso arrendaticio está paralizado en el país porque no se pueden establecer contratos: eso se debe a que el Ministerio de Vivienda no ha fijado el valor de reposición, necesario para calcular el precio total de la vivienda, sin el que no se pueden suscribir los documentos de alquiler.
"Un país sin alquileres es un país que no puede resolver la crisis habitacional", sentenció Roberto Orta. Explicó que se propondrá a diversos grupos parlamentarios de la Asamblea Nacional la reforma de la "inconstitucional" Ley de Arrendamiento, la cual ha generado todos estos conflictos.
