Rajoy posterga más de la mitad de las reformas
En Bruselas, los exámenes finales se pasan en abril. Y los Estados se presentan a dos asignaturas: presupuestos y reformas. La Comisión Europea ya ha adelantado que le vale con los recortes y subidas de impuestos que permitieron a España bajar el déficit público del 9% al 7% del PIB en 2012 —las ayudas a la banca lo elevan al 10%—, que no reclamará más ajustes presupuestarios. En las reformas, sin embargo, las cuentas no salen.
El Ejecutivo de Rajoy apenas ha sacado adelante la mitad de las modificaciones asumidas en el Consejo Europeo. Y si lo que se corrigen son los deberes, más ambiciosos, que se impuso el propio Gobierno, el resultado es un suspenso: de las 72 normas que debían aprobarse antes de finales de marzo, 41 no han visto aún la luz. Algunas tan relevantes como la creación de la autoridad fiscal independiente, la ley del sector eléctrico, la regulación de los servicios profesionales o una nueva reforma de pensiones.
En el primer parcial, en septiembre, el Ejecutivo de Rajoy ya evidenció dificultades para sacar adelante todas las reformas comprometidas. Aun así, la Comisión Europea felicitó a Madrid porque el Gobierno español decidió ir más allá y puso sobre la mesa más cambios legales “bien enfocados, y con plazos claros”, a ojos de los altos funcionarios europeos. Rajoy integró entonces la docena de normas exigida tras rescate a la banca en un paquete de medio centenar de reformas.Las exigencias son más apremiantes desde que Bruselas otorgara, en julio pasado, un año más a España (hasta 2014) para bajar el déficit público al 3%. Pero, sobre todo, desde que se le concedió, por esas mismas fechas, un rescate europeo de hasta 100.000 millones para recapitalizar la banca en problemas. De ahí que las autoridades europeas sometan a España a una vigilancia especial, que se traduce en exámenes trimestrales, tanto a la banca, como a la política del Gobierno.
En diciembre, en el segundo parcial, repitió la jugada: como muestra de su “compromiso reformista” elevó a 72 los cambios estructurales que debían estar listos antes de finales de marzo. El próximo viernes, según anunció la pasada semana la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, el Gobierno presentará su segundo plan de reformas. Y todo apunta a que repetirá jugada, con lo que el paquete de reformas pendientes volverá a engordar.
Todo apunta a que Bruselas, más preocupada ahora en dar con la tecla adecuada para mantener la austeridad sin agravar aún más la recesión, no tendrá en cuenta el retraso en las reformas para suavizar, otra vez, el recorte del déficit a España. De otro parecer son en Washington (FMI) y Fráncfort (BCE), los otros dos vértices de la troika. “Es esencial intensificar las reformas a nivel nacional, no podemos reemplazar la inacción de los Gobiernos”, insistió el pasado jueves el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi.
En el BCE, sobre todo, recelan de que tras haber contenido la prima de riesgo española con su promesa de intervención en caso de rescate, el Ejecutivo de Rajoy se sienta menos presionado para sacar del atolladero varias reformas que el supervisor del euro considera esenciales.Para reflejar que la tensión reformista no cede, tras los Consejos de Ministros se da cuenta de decretos y proyectos de ley, pero también de anuncios, tomas en consideración, estudios y anteproyectos. Es una estrategia muy similar a la que siguió el anterior Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero al encarar la crisis, que le granjeó entonces vivas críticas de la oposición, con el PP al frente. Una apariencia de intensa actividad que engaña, porque en la mayoría de los casos “los plazos claros” se incumplen. A veces, porque los tiempos de consultas y tramitación parlamentaria imponen su ley, algo que el Ejecutivo no siempre ha podido sortear con su recurso (compulsivo) al decreto. Otras, son las divisiones en el seno del Gobierno las que retrasan las reformas. Y de algunas no hay ni rastro, con los ministerios incapaces de digerir este empacho legislativo.
- Las cuentas pendientes del rescate. Los retrasos que hacen dudar al BCE del compromiso de Rajoy con las reformas, son los cambios normativos que se ligaron en julio al rescate de la banca y a la prórroga del ajuste del déficit público. El caso más llamativo es de la creación de una autoridad fiscal independiente, una condición a la que el Consejo Europeo dio prioridad, “para analizar, aconsejar y evaluar la política fiscal”. El Gobierno no llegó a tiempo en septiembre, y como hizo con otros incumplimientos, lo reprogramó “al primer trimestre de 2013”. Pero ni por esas: a principios de marzo, Sáenz de Santamaría desveló que la norma está aún en fase de “borrador”. Desde el Ministerio de Hacienda apuntan a una posible participación de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) en el futuro organismo, pero despejan balones fuera cuando se les pregunta por su puesta en marcha.
En pensiones, sí se ha aprobado la norma que endurece el acceso a la jubilación anticipada o parcial, pero no se ha presentado al Pacto de Toledo una reforma mucho más determinante, la que pretende condicionar el importe de las pensiones a la esperanza de vida (el factor de sostenibilidad). Y de la estrategia de empleo para mayores solo se puede rescatar el decreto que penaliza la incorporación de trabajadores de más de 50 años en los ERE. Tampoco ha habido avances en la evaluación de las políticas activas de empleo, ni en la coordinación de los servicios públicos de empleo y la colaboración con agencias privadas.Casi la mitad de las condiciones impuestas a España siguen sin cumplirse, pese a haberse retrasado a finales de 2012 o a este marzo.
Es el caso de la regulación para atajar el déficit de tarifa: hubo una subida de impuestos a las eléctricas, pero Industria ha admitido que es insuficiente. Tampoco hay noticias de la regulación de los servicios profesionales, más allá de un borrador.
La incorporación de tributos verdes también anda rezagada (se plantea ligar el impuesto de circulación a las emisiones en 2014). Y de la estrategia para prevenir la exclusión social de colectivos en riesgo de pobreza no hay ni plazo ni contenido.
- Encalladas en el Congreso. Ante los socios europeos, Rajoy no deja de esgrimir su mayoría absoluta en el Parlamento, algo que debería agilizar la aprobación de las reformas, una vez que el Gobierno da vía libre al proyecto de ley. Pero no siempre es así. En la controvertida Ley de Transparencia —España es uno de los pocos países europeos que no la ha aprobado—, el plazo de enmiendas se ha prorrogado más de una de decena de veces. Y, según anunció la vicepresidenta, aún habrá al menos otro para incluir a la Monarquía. En el caso de la nueva Comisión Nacional de Mercados y Competencia, es el tira y afloja entre Madrid y Bruselas (que alerta de que el proyecto recorta la independencia de reguladores y supervisores), lo que tiene bloqueada la tramitación parlamentaria. En otros casos, el proyecto no encalla en el Parlamento, sino en las conferencias autonómicas, donde las regiones (también del PP) plantean cambios en áreas de su competencia: un proceso que retrasa la reforma educativa o la regulación de la nueva cartera de servicios sanitarios.
- Segunda generación de reformas (retrasadas). El rescate de la banca ha obligado al Ministerio de Economía a una contrarreloj legislativa para cumplir con el exigente calendario que le impuso el memorando del rescate, la contrapartida. El departamento del ministro de Economía, Luis de Guindos, ha cumplido aquí, pero no en otros muchos ámbitos. Varias de estas normas retrasadas forman el núcleo de lo que Rajoy rebautizó como segunda generación de reformas en el último debate del estado de la Nación, que se detallarán el próximo viernes. Entre ellas, la Ley de Emprendedores, donde se incorporará la promesa de que pymes y autónomos no paguen el IVA hasta que cobren la factura. O una nueva batería de medidas para facilitar la financiación y la internacionalización de las empresas. Economía ha presentado al Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley de Unidad de Mercado (unifica las licencias empresariales en todas las comunidades), que debía haber estado aprobada a finales de 2012, pero no entrará en vigor hasta final de año.
Entre los más rezagados destacan las normas relacionadas con el turismo o con a justicia, como la Ley de Registro Civil y la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria.En otras, como la Ley de Cámaras o la creación de una Agencia de Internacionalización, los proyectos van más retrasados. Y otro tanto se puede decir de normas que deben trasponer directivas europeas en el ámbito financiero.
- Sector Público. El Gobierno ha presentado el anteproyecto de la reforma de la Administración Local. Una iniciativa que arrancó con ambición pero que ha quedado descafeinado. Aún así, esta medida está atrancada por las discrepancias entre los alcaldes y el Ejecutivo. Aunque su puesta en marcha estaba prevista para principios de este año, habrá que esperar a finales de 2013. Tampoco está listo el control mensual de las cuentas autonómicas.
De las tres reformas estructurales educativas que preveía culminar el Gobierno en marzo, solo una está ya aprobada, la que se refiere a la Formación Profesional. Otra continúa su tramitación tras unos meses de demora inesperada (la reforma de la educativa, la LOMCE) y la última ni siquiera ha arrancado (el estatuto de la carrera profesional para los profesores de la escuela pública).
Sobre este último (prevista para el primer trimestre de 2013), hace ya meses que el Ministerio de Educación anunció que no se pondrían manos a la obra hasta que termine la tramitación de la reforma educativa, algo que ocurrirá, como pronto, a finales de este año.
En cuanto a la ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), el trámite sufrió un inesperado retraso de casi tres meses después de que, a finales de octubre, las comunidades gobernadas por el PP exigieran revisar el texto para introducir algunas de sus reivindicaciones (apoyo a la Religión y a la escuela concertada, entre otros). El texto está en el Consejo de Estado que debe remitirlo al Consejo de Ministros para seguir su tramitación. La norma podría entrar en vigor en el curso 2014-2015 si no acumula más retraso.
Por último, un real decreto reguló el pasado noviembre la formación profesional dual (los jóvenes estudiarán un oficio mientras lo practican en una empresa), tanto en el ámbito laboral como en el educativo. En cuanto a este último, ahora hay programas piloto con solo 2.000 alumnos (el 0,3% de los estudiantes de FP) y las Administraciones ya han admitido que el cambio habrá que esperarlo a medio o largo plazo.
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad emprendió hace justo un año una amplia reforma del Servicio Nacional de Salud. Un cambio a golpe de decreto de medidas urgentes que aumentó el porcentaje que los ciudadanos pagan por los fármacos —los pensionistas aportan por primera vez— y excluyó a los extranjeros sin papeles de la atención normalizada. Sin embargo, uno de los ángulos más potentes de la medida, previsto por el Gobierno en el paquete de reformas para 2012, aún no ha cristalizado. Se trata de la regulación de las carteras sanitarias, la definición de lo que se considera básico para el sistema de salud y lo que no —lo que abriría la puerta a retirar la cobertura pública—.
La falta de consenso entre las comunidades y la polémica suscitada por el fondo de la reforma, además de los errores que contenía el real decreto de abril, han dificultado el desarrollo normativo. Un ejemplo: pese a los sucesivos anuncios de que deberían hacerlo, los pacientes no pagan aún por el transporte sanitario no urgente; Gobierno y autonomías discuten todavía quién debe hacerlo y cuánto. Tampoco ha comenzado el copago para las prótesis, sillas de ruedas o audífonos. La ausencia de criterios comunes entre las autonomías y de un registro de estos productos sanitarios no lo ha permitido.
Pese a que sí se han hecho reformas en materia farmacéutica —dirigidas fundamentalmente a reducir el gasto— tampoco el anteproyecto de Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios se ha transformado en norma aún; estaba previsto para finales de 2012.
La Agencia estatal de Investigación, cuya creación ha sido varias veces anunciada por el Gobierno y por el Ministerio de Economía, sigue pendiente, pese a que la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de 2011, que contó con el apoyo del PP, especificó que debía hacerse en el plazo máximo de un año. El plazo concluyó en junio de 2012 y aún no existe este organismo, ideado a semejanza de los que tienen prácticamente todos los países desarrollados para gestionar con autonomía y eficacia la investigación científica.
La creación de este organismo estaba prevista también en el plan de reformas que el Gobierno presentó en septiembre del año pasado, un plan que ampliaba los plazos de algunas de las medidas. Preveía que la Agencia se creará durante el primer trimestre de este año. Pero el Gobierno tampoco ha podido cumplir con su propio calendario.
La Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020 y el nuevo Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016, fueron aprobados por el Gobierno el pasado mes de febrero. El plan, en concreto, era una necesidad urgente puesto que el anterior fue el correspondiente a 2008-2011, se diseñó en pleno auge económico, y se había prorrogado un año más, justo en plena crisis.
También la creación y regulación del Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación se ha cumplido, en este caso en noviembre de 2012. Este organismo pretende facilitar la participación de la comunidad científica y tecnológica en la política de I+D+i.
De las cuatro grandes reformas medioambientales pendientes de poner en marcha por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, solo una ha pasado por el Congreso de los Diputados: la normativa de gestión del litoral. El pasado 17 de febrero, el Gobierno del PP sacó adelante la reforma de la Ley de Costas gracias a su mayoría absoluta de su grupo parlamentario. La norma, polémica porque salva de la destrucción unas 10.000 viviendas de 10 zonas del litoral y porque concede otros 75 años de moratoria a construcciones condenadas a la piqueta, se debatirá a mediados de mes en el Senado.
Las otras medidas previstas sobre asuntos medioambientales acumulan retrasos. La revisión normativa sobre montes y patrimonio natural cuenta ya con un borrador de anteproyecto. La cuestión es que el Gobierno se había comprometido a aprobarla durante el primer trimestre de este año y no es previsible que esté culminada hasta el último tramo del año.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que dirige Miguel Arias Cañete, continúa trabajando en la simplificación de los procedimientos de evaluación ambiental a los que se someten las actividades profesionales, empresariales e industriales. Esta norma está aún en proceso de elaboración a pesar de que el plan de reformas preveía que se aprobara antes de abril. “La proliferación de disposiciones acarrea inseguridad jurídica”, ha dicho en varias ocasiones Arias Cañete para justificar la reforma. También está pendiente de la Ley de Parques Nacionales, que prevén terminar el próximo otoño.
