El ingreso del Ejército venezolano en el populoso barrio caraqueño de Petare para reducir la criminalidad ha logrado la captura de 42 homicidas y la reducción del delito en más del 50 % en poco más de una semana, lo que sus habitantes celebran aunque con recelo pues temen se trate de “eficiencia por novedad”.
Petare, considerada la favela más grande de América Latina conformada a su vez por unos mil barrios, es un laberinto de calles, callejones y escaleras que se enredan en una gran montaña de unos 40 kilómetros cuadrados, y ha sido el primer sector que el Gobierno decidió tomar para activar el llamado “Plan Patria Segura”.
La barriada pertenece al municipio Sucre del estado Miranda, que también forma parte de Caracas, donde es gobernador el líder opositor Henrique Capriles, y que el Gobierno nacional ha calificado como la dependencia más insegura del país.
En un recorrido por el barrio El Carpintero de Petare junto al jefe del Comando Estratégico Operacional (CEO) de la fuerza armada, general Willmer Barrientos, Efe pudo observar parte de este “dispositivo de seguridad” que a la semana de iniciarse redujo la criminalidad en la zona el 57 %, según datos oficiales.
Indicó, además, que en la zona fueron detenidas “42 personas buscadas por homicidio” y algunos violadores.“En la primera semana de activado, en Petare se redujo el 57 % la criminalidad”, dijo Barrientos a periodistas, aunque admitió que hay que observar los resultados dentro de un mes porque siempre “escoba nueva barre bien”.
El general explicó que solo en Petare están “desplegados” 1.000 funcionarios de las fuerzas de seguridad, 800 de los cuales son de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y 200 de la Policía Nacional.
Aunque se mira con lupa Petare para observar el desarrollo del plan, el dispositivo de seguridad ya se está desarrollando en otras zonas de Caracas y en los estados occidentales de Zulia, Táchira y Lara, Carabobo (centro), Anzoátegui (este) con la actuación de 26.425 efectivos de los que 12.666 son soldados.
Las alcabalas o puntos de control policial en la entrada de El Carpintero dan la bienvenida a los habitantes que deben reducir la velocidad o pararse si las fuerzas de seguridad lo exigen.
La mayoría de los motorizados son detenidos por los soldados que les piden los documentos de identidad y del vehículo. También detienen a algunos autobuses y coches que suben la montaña pues muchos de los robos en el transporte público son cometidos por ladrones armados camuflados de simples pasajeros.
“Pedimos que el Ejército vaya más arriba, que se metan en los callejones”, dijo a Efe Angélica Mujica, de 33 años, administradora y residente en el barrio que asegura que “a diario se producen mínimo dos asaltos” solo en el transporte público que sube a El Carpintero.
Para el “mototaxista” José Urbina, de 37, la medida “se agradece” pues antes del plan trabajaba hasta las 18.00 (23.30 GMT) y ahora puede prestar sus servicios hasta las 21.00 (1.30 GMT).La ama de casa Mónica Albornoz, de 33, declaró a Efe que aunque se siente más segura en el barrio sigue temiendo por su esposo, conductor de autobús en la zona, que ha sido robado en innumerables ocasiones, así como también sus pasajeros, pues los delincuentes se suben a las unidades donde no hay soldados.
El general Barrientos comentó que parte del plan consiste en lograr la participación masiva de las comunidades que son las que conocen sus problemas, no obstante, los vecinos del barrio temen señalar a los hampones por posibles represalias.
“Que pongan un buzón para que uno denuncie”, dijo a Efe el “mototaxista” Jorge Paredes, de 41 años, que no solo pide se instale un mecanismo para señalar a los hampones sino también a los funcionarios corruptos que “empiezan bien y después empiezan a matraquear (exigir dinero)”.
El dispositivo, que en principio está diseñado para que el Ejército actúe durante seis meses, tiene como objetivo “proteger al pueblo” y no pretende reprimir el hampa de forma violenta.
Según cifras oficiales, Venezuela registró en 2012 al menos 16.072 homicidios, el 14 por ciento más que en 2011, aunque según la ONG Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) de diciembre pasado la tasa real es de 73 por cada 100.000 habitantes.
Por: Nélida Fernández / EFE
