La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, calificó de importante y positivo para Venezuela la aprobación de la Ley para el Control de Armas, Municiones y Desarme, cuyo ejecútese será firmado este sábado 15 de junio por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros.
En el programa “En Sintonía con el Ministerio Público”, transmitido por Radio Nacional de Venezuela, Ortega Díaz detalló que la Comisión Presidencial que trabajó en la redacción de dicha norma tomó en cuenta las recomendaciones del Ministerio Público, así como de distintos sectores de la sociedad.
Destacó que dentro de la referida Ley hay puntos de suma importancia como la imposición de controles rigurosos para el porte de arma de fuego; el marcaje de las municiones; el registro automatizado de las armas, esto último con el fin de evitar la negociación de otras partes del arma de fuego que no posean serial.
“También se incorporó el proceso para la inutilización de las armas de fuego incautadas en virtud de hechos punibles, lo cual se hace para evitar la reutilización o reciclaje de las mismas”, agregó la Fiscal General.
Aclaró al país que previo a la inutilización de las armas, a estas se les hacen las experticias antes de someterlas al proceso de fundición. Es decir, el arma que esté incriminada en un hecho delictivo se le realiza un análisis que luego pasa al acervo probatorio de la investigación.
Resaltó la importancia de que en dicha ley se prohíba en el país el desarrollo de armas (nucleares, químicas y biológicas) de destrucción masiva con veto internacional. “Esto revela y confirma el respeto que tiene el Estado venezolano a la vida como el valor más preciado del ser humano”, dijo.
A propósito de la aprobación de la citada ley, Ortega Díaz consideró necesario la realización de talleres para los funcionarios y fiscales del Ministerio Público, así como a demás integrantes del sistema de justicia, pues la novísima norma deben conocerla a profundidad y difundirla para hacerla del conocimiento de toda la colectividad, precisó.
Por otro lado, habló del al trabajo que viene realizando la Coordinación nacional de protección de víctimas, testigos y demás sujetos procesales, cuya dependencia del Ministerio Público recientemente arribó a un año de su puesta en funcionamiento.
En tal sentido, informó que desde su creación hasta el mes de abril de 2013 esta Coordinación ha atendido 87.159 víctimas de delito. De ese total se han tramitado 2.321 medidas de protección, las cuales se encuentran discriminadas de la siguiente manera: 981 fueron solicitadas con ocasión a investigaciones iniciadas por delitos contra las personas; 592 contra la propiedad; 539 por violencia de género o defensa de la mujer; 85 contra la corrupción; 42 contra las drogas y 82 de distintos tipos penales.
También se refirió al abordaje psicosocial de los profesionales de la Coordinación que hacen un acompañamiento a las víctimas de delitos. “Los datos estadísticos reportan que a escala nacional se llevaron a cabo un total de 4.906 entrevistas psicológicas y 1.880 abordajes de tipo social”, acotó.
