España tendrá lista antes de que acabe el año su segunda reforma profunda del sistema de pensiones durante la crisis. Si el Gobierno, el Pacto de Toledo y los agentes sociales se atienen a los dictados del informe de expertos presentado el pasado viernes, España tendrá “un factor de sostenibilidad de tercera generación que va más allá de cualquier país europeo”. Así lo definió Rafael Doménech, uno de los componentes del grupo que ha elaborado el informe que propone una definición del factor de sostenibilidad basada en un doble mecanismo de ahorro: uno que desliga la evolución de las pensiones del IPC y las vincula a la salud de las cuentas de la Seguridad Social y otro que calcula la cuantía de la pensión inicial de acuerdo a la esperanza de vida.
España se enfrenta a un problema muy serio en las próximas décadas. La jubilación de la generación del baby boom, los nacidos entre 1958 y 1978, elevará de nueve millones a 15 millones el número de pensionistas. Para afrontar el problema ya se hizo una reforma hace dos años. Según el informe de envejecimiento de la Unión Europea de 2012 (Ageing Report), aquellos cambios provocaron una de las mayores reducciones de gasto previsto en pensiones en Europa junto con Grecia, Luxemburgo y Letonia.
Pero las últimas previsiones demográficas, de 2012, y sobre todo la recaída en la recesión después de 2011 han redoblado el reto y acelerado la llegada del factor de sostenibilidad, previsto en 2027 y que tenía que aplicarse por primera vez en 2032. Nueve de los 10 expertos que han suscrito la propuesta se ha inclinado por que entre en vigor cuanto antes, esto es 2014, y eso supone añadir ya más vías de reducción y ajuste sobre los pensionistas.
Cuesta encontrar un país en Europa que esté aplicando tantos mecanismos de ahorro a la vez, empezando por el retraso de la edad de jubilación a los 67 años, que, como en alguna ocasión ha recordado el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, se hace en uno de los periodos más cortos de Europa (Alemania llegará a los 67 años en 2029 y Austria, a los 65 años en 2033).El 1 de enero de este año comenzó a retrasarse progresivamente la edad de jubilación que irá de 65 a 67 años en 2027; desde esa fecha también se está aumentando el tiempo necesario para cobrar toda la pensión (hoy en 35 años y seis meses que llegará a 37 años en el futuro); y paralelamente sube el número de años para calcular la cuantía de la pensión de 15 años a 25 en 2022. A estos recortes en marcha habría que sumar ahora otros dos, si nada cambia en el trámite parlamentario: la reducción de las pensiones futuras en función del incremento de la esperanza de vida y la actualización anual de la prestación según la salud de las cuentas de la Seguridad Social a través de una fórmula que, de no mediar ingresos extraordinarios en el sistema, puede traducirse en una pérdida de poder adquisitivo de las pensiones actuales y, sobre todo, futuras.
En el propio informe de los expertos hay un anexo en el que se recogen varios países que ya están aplicando factores de sostenibilidad. Además de Suecia, hablan de Alemania, donde el factor se aplica sobre la revalorización anual, calculada sobre una ratio entre cotizantes y jubilados, lo que se ha traducido en los últimos años pérdidas de poder adquisitivo.Suecia sí que ha ido más lejos que España. No obstante, el caso de este país escandinavo es muy distinto al español, no solo por tener un amplio Estado de Bienestar, sino porque el cambio llegó 1994 y supuso un vuelco en su sistema de pensiones y adoptó uno, llamado de cuentas nocionales, en el que las prestaciones recibidas equivalen exactamente a las cotizaciones más el cálculo de la rentabilidad ficticia supuestamente obtenida por ese dinero.
Entre los países periféricos sí que hay uno que ha ido muy lejos: Italia, donde se ha adoptado un modelo similar al sueco. No obstante, Italia ya gastaba en 2010 en pensiones más del 15% de su PIB, según el Ageing Report 2012, más de cinco puntos por encima de lo invertido entonces por España.En Grecia, por su parte, el factor de sostenibilidad traerá retrasar la edad de jubilación según la esperanza de vida desde 2021 y, aunque se prevé que se retrase hasta los 69 años y cuatro meses en 2060, actualizará las pensiones según el IPC. Otro de los países rescatados, Portugal, también ha aplicado un importante ajuste a sus pensiones. El país vecino, como España, ajustará la pensión incial de acuerdo a la esperanza de vida, aunque su edad de jubilación se mantendrá en los 65 años.
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