Mppsp).- Un equipo multidisciplinario conformado por 145 funcionarios entre abogados, médicos, sociólogos, trabajadores sociales, criminólogos, psicólogos, integrantes de juntas evaluadoras y personal administrativo, encabezados por la ministra para el Servicio Penitenciario (Mppsp), Iris Varela, se instalaron desde hoy en el Centro Penitenciario de Occidente (CPO), en Santa Ana, estado Táchira, para impulsar una gran Cayapa Judicial contra el retardo procesal.
Siguiendo con el cronograma nacional de Cayapas Judiciales auspiciadas por el presidente Nicolás Maduro, el personal del Mppsp se trasladó esta semana al CPO hasta el próximo sábado 29 de junio, tras haber estado las semanas pasadas haciendo lo propio en el Internado Judicial de Carabobo (Tocuyito), Internado Judicial de Tocorón (Aragua), Internado Judicial José Antonio Anzoátegui (Puente Ayala) y en la Cárcel Nacional de Maracaibo (Sabaneta), en el estado Zulia.
“Hoy traemos alegría a este recinto penitenciario donde se experimenta tanta tristeza, estamos avanzando en el combate al flagelo del retardo procesal y solo le pedimos paciencia a toda la población privada de libertad, en especial, a los internos del CPO II e internas del anexo femenino, quienes serán trasladados hasta aquí con sus respectivos expedientes administrativos para revisarlos y darles impulso necesario con los jueces”, señaló la ministra Varela.
Insistió en que “nadie puede buscar dentro de los recintos penitenciarios impunidad, ya que los que están aquí están procesados o penados por alguna causa”. En contraposición recordó los casos del banquero Eligio Cedeño y la jueza María Lourdes Afiuni, incursos en delitos, el primero se encuentra prófugo de la justicia y la segunda “está actualmente gozando beneficio de libertad condicional”.
Recordó la ministra en especial el éxito de la Cayapa Judicial en Tocorón por ser el establecimiento con la población más elevada de todo el país (6 mil 200 para el momento del operativo).
Junto a la ministra Varela están dirigiendo y revisando personalmente, caso por caso, la viceministra de Atención al privado de libertad del Mppsp, Mirelys Contreras; el presidente del Circuito Judicial del estado Táchira, Ronald Jaimes; el subdirector de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, José Luis Azuaje, el fiscal superior del Táchira, Eudomar García, la coordinadora de la Defensa Pública, Eva Bustamante y la coordinadora de jueces del área metropolitana de Caracas, Nely Guerrero.
Asimismo, los acompañan 71 funcionarios del Poder Judicial, 8 del Ministerio Público, 29 de la Defensa Pública, 5 médicos forenses adscritos al Ministerio del Interior, Justicia y Paz, así como jueces de los estados Táchira, Distrito Capital, Miranda, Zulia, Falcón, Cojedes, Portuguesa, Guárico, Barinas, Yaracuy, Aragua, Carabobo, Bolívar y Mérida.
Estado garantiza la defensa pública
La ministra Varela se mostró enfática al señalar que el Ministerio Penitenciario no trabaja con abogados privados. “El que quiera ser atendido debe revocar el nombramiento de su abogado privado para garantizarles justicia a través de los defensores públicos”.
“No le hacemos el trabajo a los abogados privados porque eso sería corrupción”, agregó.
Recordó que el Estado garantiza la defensa a todos los privados de libertad de manera gratuita, al igual que las evaluaciones psicosociales, los traslados; “aquí nada se cobra,todos los servicios del Ministerio Penitenciario son totalmente gratuitos”.
Ya para finalizar y ante preguntas de algunos medios de comunicación, la titular del Despacho Penitenciario aclaró que el alcance de las Cayapas Judiciales debe evaluarse de manera global, “ya que no es solo otorgarles la libertad, sino concretarles las audiencias con los jueces y fiscales, realizar las evaluaciones psicosociales y otorgar los beneficios a quien le corresponda”.
