El Senado de EE.UU. aprobó por mayoría limitar el debate sobre un "plan de refuerzo" de la vigilancia en la frontera con México, en un voto clave que sirvió de barómetro para medir las posibilidades de aprobación esta misma semana de una reforma migratoria integral.
En una votación que se prolongó poco más de una hora, el Senado aprobó una moción, 67 a 27, más de los 60 mínimos requeridos, que limita el debate de una polémica enmienda propuesta por los senadores republicanos John Hoeven y Bob Corker, que tendrá su voto definitivo este martes.
El trámite de del lunes era necesario para avanzar hacia la votación de todo el proyecto de ley, previsiblemente el jueves o viernes próximos.
La enmienda fue incorporada a otra del demócrata Patrick Leahy y forma parte de una legislación para la legalización y eventual ciudadanía de once millones de inmigrantes indocumentados.
Horas antes del voto, el presidente de EE.UU., Barack Obama, se reunió en privado con líderes empresariales, entre ellos tres latinos, con el fin de presionar al Senado a que apruebe la reforma migratoria de manera contundente.
"Insto al Senado a que someta esto (la reforma) al voto en el pleno y espero que podamos conseguir el voto más fuerte posible en el Senado para que luego podamos pasar a la Cámara de Representantes y completarlo antes del receso" de agosto, dijo Obama. "Ahora es el momento de hacerlo".
La Cámara de Representantes, bajo control republicano, aún no ha presentado su propia versión de la reforma, pero el consenso en Washington es que su aprobación en el Senado cambiará la dinámica en la cámara baja, donde los republicanos tienen mayoría.
El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid, instó al presidente de la Cámara Baja, John Boehner, a que abandone la idea de persuadir a los "extremistas" del movimiento conservador "Tea Party" y, en su lugar, "trabaje con moderados de ambos partidos para aprobar una legislación bipartidista".
Aunque la enmienda fue diseñada para persuadir a los escépticos, el debate dejó al descubierto las fisuras dentro del Partido Republicano sobre su alcance y eficacia.
Mientras, grupos pro inmigrantes continuaron denunciando que la enmienda es excesiva y costosa y fomenta la "militarización" de la frontera, aunque encuentran alivio en que ésta deja intacta una vía para la legalización.
Quince senadores republicanos votaron para limitar el debate de la enmienda, entre ellos John McCain, Lindsey Graham, Jeff Flake, y Marco Rubio, todos miembros del "Grupo de los ocho" que negoció la reforma, pero otros, como Jeff Sessions, de Alabama, y Ted Cruz, de Texas, dedicaron sus discursos a desvirtuarla.
Con cartulina en mano, Cruz destacó las presuntas insuficiencias de la iniciativa, al asegurar que "alentará más inmigración ilegal y debe frenarse".
Pero Corker, republicano por Tennessee, afirmó que "pondrá en marcha un régimen para la seguridad fronteriza mucho más fuerte" y es, además, una "inversión de 46.000 millones de dólares" que ayudará a generar ingresos por 192.000 millones de dólares en la próxima década.
La enmienda de 119 páginas establece cinco condiciones antes de que los indocumentados puedan recibir la residencia permanente tras una espera de al menos diez años.
La medida exige un "plan de refuerzo" de la vigilancia en la frontera sur, por donde se cuela la mayor parte de los que cruzan ilegalmente hacia EE.UU.
Entre sus principales elementos figuran la duplicación a 40.000 del número de agentes fronterizos, cuyo coste se aproximaría a unos 30.000 millones de dólares; la construcción de muros y vallas a lo largo de 1.126 kilómetros, y la vigilancia con aviones no tripulados y un amplio gama de equipos de alta tecnología, incluyendo radares, sistemas móviles y sensores infrarrojos.
También impone el uso obligatorio del programa federal "E-Verify" para verificar el estatus migratorio de nuevos empleados, y establece un programa para el registro de entradas y salidas de todos los extranjeros, para impedir que éstos se queden en EE.UU. con visas caducadas.
Pero la enmienda ha partido en dos bandos al Partido Republicano: aquellos que temen que ésta no frenará futuras marejadas de indocumentados, y aquellos que advierten de que oponerse a la medida solo ahuyentará más a los votantes hispanos.
Kica Matos, portavoz del Movimiento para una Reforma Migratoria Justa, afirmó que aunque la enmienda supone "un incremento sin precedente" en la vigilancia fronteriza, al menos ese gasto ayudará a acelerar la aprobación de la reforma.
"Los republicanos ya no pueden escudarse detrás de la seguridad fronteriza como un obstáculo a la reforma migratoria. Quien se oponga a este proyecto de ley solo demuestra que es anti inmigrante y anti familia", aseguró Matos, al prometer una movilización para presionarlos. EFE
