El Centro Carter dio a conocer este miércoles un informe preliminar sobre las elecciones presidenciales especiales realizadas en Venezuela el 14 de abril de 2013, en el que se recomienda una serie de reformas electorales para asegurar una mayor equidad en las campañas, un incremento en los esfuerzos para mejorar el clima electoral el día de la votación y un mayor flujo de información sobre la eficacia del sistema de identificación biométrica y los procedimientos para prevenir la usurpación de la identidad y el voto múltiple.
El informe encontró que la población venezolana, los partidos políticos y los candidatos en general, han demostrado tener confianza en el desempeño e integridad de las máquinas automatizadas de votación a la hora de contar los votos emitidos.
No hay coincidencia, sin embargo, sobre la calidad de las condiciones bajo las que se desarrolló la votación, así como sobre las garantías para asegurar que cada elector registrado pueda votar una vez y sólo una vez. El informe encontró además una serie de inequidades en las condiciones de la campaña, tanto en lo que hace al acceso a recursos financieros como al acceso a los medios de comunicación, todo lo cual disminuye la competitividad de las elecciones, sobre todo en un marco legal que permite la re-elección indefinida de los funcionarios públicos.
El informe se basó en la información y las perspectivas ofrecidas por una variedad de actores venezolanos, así como en las observaciones personales hechas por el grupo de consultores del Centro Carter radicados en Caracas durante la serie de eventos electorales, comprendida entre febrero de 2012 y junio de 2013, y por los miembros de la pequeña delegación de acompañamiento que viajó al país por invitación del Consejo Nacional Electoral (CNE) entre el 12 y el 17 de abril de 2013. El mismo recoge y amplía los análisis presentados en el Informe final de la Misión de Estudio del Centro Carter sobre las elecciones presidenciales del 7 de octubre de 2012 en Venezuela (PDF).
El Centro Carter no desplegó una misión de observación integral, por lo que no puede ofrecer una evaluación exhaustiva de las elecciones presidenciales de abril de 2013 en su conjunto.
Como declaró el Centro Carter en su comunicado el 18 de abril, la estrecha diferencia registrada en los resultados electorales, en el marco de una sociedad altamente polarizada, demanda el inicio de una nueva dinámica política caracterizada por un franco y sostenido diálogo nacional, que facilite la creación de un consenso nacional sobre los problemas que afectan la vida de todos los venezolanos.
Aunque el Centro Carter lamenta que la contienda electoral haya profundizado la división entre el pueblo venezolano, el Centro acoge con satisfacción la decisión de todos los partidos de participar masivamente en las próximas elecciones municipales de diciembre de 2013.
Recomendaciones
En este contexto, el informe ofrece una serie de observaciones y sugerencias para la consideración de las autoridades, la Asamblea Nacional y el pueblo de Venezuela, incluyendo las siguientes:
Aclarar las normas que regulan la participación de los funcionarios y servidores públicos en actividades de campaña. La ley electoral y su reglamento prohíben a los funcionarios públicos venezolanos la realización de actividades de campaña durante el ejercicio de sus funciones públicas. Sin embargo, el Centro Carter observó una amplia participación de servidores públicos en actividades proselitistas.
Con el fin de limitar y erradicar estas prácticas, sería recomendable aclarar el contenido de las normas que regulan estas materias a fin de determinar si dicha actividad está permitida fuera de servicio o no lo está en absoluto (definiendo previamente "fuera de servicio").
La autoridad electoral, a su vez, debe determinar maneras de hacer cumplir estrictamente las normas acordadas. Asegurar una mayor equidad en la campaña. Aunque la constitución estipula que los funcionarios electos por debajo del rango de presidente deben separarse temporalmente de sus cargos para presentar sus candidaturas a la presidencia, la misma no exige que lo haga el presidente, cuando éste se presenta como candidato a la re-elección.
Esta circunstancia otorga al individuo que se postula a la re-elección al cargo más alto del país una ventaja. Venezuela es además el único país en la región que no proporciona ningún tipo de financiamiento público, directo o indirecto, a las campañas electorales u organizaciones políticas. En base a las experiencias observadas en otros países dentro de la región, los legisladores y autoridades electorales venezolanos podrían considerar varias opciones: Facilitar el acceso libre y equitativo de los candidatos a los medios de comunicación públicos y privados para la emisión de sus mensajes de campaña. Teniendo en cuenta las normas que permiten la transmisión obligatoria ilimitada de mensajes del gobierno (cadenas) y la publicidad institucional obligatoria y gratuita (anuncios de servicio público), y considerando el hecho de que, al mismo tiempo, se imponen límites estrictos a la propaganda electoral de los candidatos y organizaciones cívicas, las campañas venezolanas han tendido a evidenciar una marcada desigualdad en la capacidad de los distintos candidatos para cumplir con un elemento fundamental del proceso electoral: informar a los electores sobre sus plataformas políticas.
Asegurar el acceso libre y equitativo a los medios de comunicación públicos y privados a todos los partidos que participan de la contienda electoral podría contribuir significativamente a nivelar las desigualdades actuales y acrecentar la competitividad de las elecciones, sobre todo en un marco legal en el que se permite la reelección indefinida de funcionarios públicos. Regular y hacer cumplir equitativamente los mensajes de campaña en el periodo "preelectoral".
En la actualidad no existen normas claras para regular los mensajes de campaña emitidos durante el llamado periodo "pre-electoral" (que se extiende desde la convocatoria a elecciones hasta el inicio oficial de la campaña). Una regulación clara al respecto ayudaría a reducir los numerosos conflictos que surgen comúnmente durante este período debido a la ausencia de normas. Limitar o prohibir el uso de cadenas y la inauguración de obras públicas antes de las elecciones. México, Colombia y Brasil aportan algunos ejemplos en este campo, que podrían ser aprovechados por Venezuela. Limitar el derecho de los funcionarios públicos a hacer campaña en beneficio de miembros de su propio partido o coalición. México es un ejemplo de los límites estrictos que pueden imponerse sobre el presidente para hacer campaña en nombre de los candidatos de su propio partido. Hacer cumplir con mayor eficacia la normativa sobre el uso de los recursos del Estado para fines políticos. Si bien la ley venezolana prohíbe el uso de recursos públicos en las campañas políticas, las organizaciones nacionales de observadores y otras organizaciones no gubernamentales venezolanas han documentado abundantemente el uso de recursos públicos para fines políticos, incluyendo el uso de vehículos públicos para transportar votantes a mítines y/o votar, así como el uso de edificios públicos para la colocación de propaganda electoral.
Distintas organizaciones y partidos locales se han quejado asimismo de la utilización indebida de oficinas gubernamentales y personal por parte de funcionarios públicos para alentar a empleados públicos a participar en actividades políticas y acudan a votar o para amenazarlos, en caso éstos se nieguen.
Como se señaló en el informe sobre las elecciones presidenciales del mes de octubre de 2012 del Centro Carter, faltan lamentablemente salvaguardas para prevenir los abusos derivados del ventajismo o hacer que las infracciones a la ley resulten onerosas, no sólo financiera sino también políticamente, con imposición de sanciones al comando que cometa la infracción. Un papel más activo en la investigación y aplicación de las normas por parte de las autoridades electorales contribuiría a eliminar este tipo de práctica. Aclarar la función de los comprobantes de papel. Amplias auditorías, antes y después de las elecciones, han demostrado la precisión de las máquinas de votación automatizadas.
Sin embargo, las normas electorales que estipulan la verificación de los resultados electrónicos a través del conteo de los comprobantes de papel emitidos por las máquinas, y su comparación posterior con los números expresados en el acta de escrutinio, a los efectos de fortalecer la transparencia y la confianza en el sistema, no especifican planes de contingencia en caso de que detecten discrepancias importantes en este proceso (véase informe del Centro Carter sobre las elecciones de Venezuela de 2006 (PDF)). Proporcionar mayor información sobre el desempeño del sistema de identificación biométrica e incluir la auditoría de duplicidad de huellas e incidencias del SAI en el cronograma regular de auditorías del CNE.
El Sistema de Autenticación Integrado (SAI) fue introducido en las elecciones de octubre de 2012 en parte para garantizar que el elector que emite su voto sea el elector debidamente registrado en esa mesa de votación, así como para prevenir casos de votación múltiple o usurpación de identidad.
La entrega de información adicional, luego de la realización de la auditoría prevista para agosto, sobre el desempeño de estas máquinas en sus primeros usos (octubre y diciembre de 2012 y abril de 2013), ayudaría a mantener informados a todos los venezolanos acerca del grado en que este nuevo sistema responde a los fines previstos. Mejorar la calidad de la experiencia de votación el día de las elecciones. Observaciones realizadas por las organizaciones nacionales de observadores señalaron serios problemas de influencia o presión sobre los electores. Las disposiciones para mejorar la calidad de la experiencia de votación, y asegurar que cada ciudadano pueda votar libre y voluntariamente, podrían incluir: Capacitar a los funcionarios electorales y de seguridad de forma que éstos puedan garantizar el acceso de los testigos de partidos acreditados, y de los observadores nacionales debidamente acreditados por el CNE, a los centros de votación durante la totalidad de la jornada comicial, de acuerdo con las normas. Capacitar a los miembros de las mesas de votación sobre los procedimientos estipulados para los casos de votación asistida, incluyendo las normas que limitan el número de veces que un acompañante puede asistir a un votante. Examinar los medios para hacer cumplir, con mayor eficacia, las normas electorales relativas a los límites sobre la propaganda electoral en las inmediaciones de los centros de votación y el libre acceso de los electores, sin intimidación, a dichos centros, tanto para votar como para participar de la verificación ciudadana. Definir los criterios para la acreditación de los testigos de los partidos políticos por parte del CNE y considerar la posibilidad de proporcionarles una identificación o indumentaria que los identifiquen como tales. La delegación del Centro Carter observó casos en que personas no afiliadas a un partido político registrado se identificaban a sí mismos como testigos de partido. La aclaración de los roles de las distintas personas que prestan servicio en las mesas de votación puede ayudar a mejorar el clima y las condiciones de votación. Auditar y depurar el Registro Electoral. El CNE ha logrado un registro electoral sumamente incluyente, con el 97 por ciento de la población inscrita. Los cuestionamientos sobre dicho registro han tendido a centrarse en las posibilidades de sobre-inclusión (personas fallecidas no eliminadas, homónimos, extranjeros no habilitados para votar, etc.), antes que en la exclusión.
Aunque los comandos de campaña recibieron una copia del registro, y participaron y refrendaron la revisión del mismo, tanto en las elecciones de octubre como en las de abril, la depuración continua del listado electoral plantea un desafío constante, sobre todo cuando la eliminación de los nombres de personas fallecidas requiere la acción de la familia (como la presentación de un certificado de defunción emitido por un registro civil ante la oficina del registro electoral). Un estudio realizado por la Universidad Católica Andrés Bello arrojó la existencia en el registro de unos 49.000 fallecidos antes de las elecciones de octubre.
El comando de campaña de Capriles, por su parte, estimó los fallecidos en el padrón entre 191.000 y 300.000, además de unos 20.000 casos de homónimos. El esclarecimiento de estas cuestiones, tal vez con un cronograma regular de depuraciones y auditorías, ayudará a aumentar la confianza y la transparencia del registro electoral. Marco legal.
De enero a marzo de 2013, el Tribunal Supremo de Justicia hizo varias interpretaciones de la constitución, que posteriormente fueron cuestionadas por la oposición, cuestionamientos que incluyeron la elevación de demandas ante el propio tribunal supremo.
Las interpretaciones en disputa surgieron, en parte, porque la constitución no especifica con claridad cada una de las posibles contingencias para el caso de ausencia temporal o permanente de un presidente re-electo. Teniendo en cuenta la modificación constitucional de 2009, que permite la reelección indefinida del presidente, gobernadores y alcaldes, el examen de las leyes que implementan esta modificación, puede estar justificado. Designación de autoridades electorales. El artículo 296 de la constitución venezolana establece la designación de los rectores del Consejo Nacional Electoral para periodos de siete años por el voto de los dos tercios de la Asamblea Nacional a partir de nominaciones elevadas por la sociedad civil, las facultades de derecho de las universidades nacionales y la rama del gobierno denominada Poder Ciudadano. Dicho artículo especifica además que los candidatos deben ser personas sin vínculos con organizaciones políticas.
El período de tres de los cinco rectores expiró a fines de abril de 2013. Sin embargo, dado el clima de enfrentamiento imperante en la Asamblea Nacional, es muy poco probable que se consigan los dos tercios necesarios para las nuevas designaciones. La normalización de esta situación mediante el logro de acuerdos entre los partidos para garantizar la elección de una autoridad electoral independiente e imparcial ayudaría a fortalecer la confianza en el sistema electoral.
Informe final del Centro Carter
El Centro Carter dará a conocer un informe final una vez concluido el proceso electoral. Dicho informe incluirá la respuesta del Tribunal Supremo de Justicia a las impugnaciones legales de la oposición, así como información sobre la próxima auditoría de duplicidad de huellas. La delegación del Centro Carter se llevó a cabo de conformidad con la Declaración de Principios para la Observación Internacional de Elecciones y el Código de Conducta de los Observadores Internacionales que fueron adoptados en las Naciones Unidas en 2005 y aprobado por más de 40 organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales.
