La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz afirmó que continúan las investigaciones para acabar con los hechos de corrupción en todo el país, en este sentido se refirió al diputado Richard Mardo, pues considera que un funcionario no puede recibir dinero para realizar ningún tipo de gestión.
Por otra parte, la Fiscal se refirió a otro caso de conmoción pública en el que destaca la denominación que han tratado de darle a los derechos humanos dentro del sector opositor.“El diputado (Mardo) desarrolla una campaña en la que aparece como un Robin Hood. Pero no ha negado los elementos que lo vinculan con la comisión de un hecho punible. Un funcionario público no puede recibir dinero, ni siquiera para obras sociales. Todo lo que reciba una persona, funcionario o no, debe ser declarado. No hacerlo es defraudación tributaria y tiene pena de cárcel. Además,por normas incluso internacionales, hay que reportar el origen de las riquezas, sobre todo si son súbitas. Nadie puede manejar grandes sumas de dinero si no da cuenta de su origen, pues se presume que provengan del tráfico de drogas, el blanqueo de capitales o el financiamiento al terrorismo. Si recibes donaciones, tienes que declararlas y pagar unos impuestos que, por cierto, son más altos que los de otros ingresos. Yo no puedo decir que, como soy fiscal y me gusta ayudar a la gente, recibí una plata y se la di a los pobres. Tiene que ser con papeles”, expresó Ortega Díaz.
“Con los derechos humanos le tienen montado otro ataque al Estado venezolano. Acá tenemos un laboratorio, la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales. Es única en el mundo. ¿Hubiese creado ese laboratorio si no tuviera interés en investigar casos de derechos humanos?”, dijo.
En otro orden de ideas, se refirió a la presunta actuación del gobernador Henrique Capriles en los hechos de 15 de abril, esto debido a que el líder opositor ha declarado que ninguno de esos casos se desarrollaron dentro de un marco político.
“Veamos ejemplos: un conductor de camión arremetió contra una concentración que celebraba el triunfo del presidente Maduro. Hubo once heridos y dos muertos, ambos niños. Están los casos de La Limonera y Cumanacoa. En total, hubo nueve fallecidos y 107 lesionados, algunos graves. Esa investigación no ha terminado, pero ya hemos acusado a ocho personas y tenemos 30 privadas de libertad”, declaró la representante del Ministerio Público.
Con información de Ciudad CCS
