EFE).- El Ministerio de Defensa de Perú interpuso hoy una denuncia penal contra los implicados en la interceptación telefónica del ministro del sector, Pedro Cateriano, de quien se difundió un audio ilegal el domingo en un programa de televisión, informó una fuente oficial.
El procurador público del Ministerio de Defensa, Gustavo Adrianzén, presentó la denuncia antes la 46 Fiscalía provincial de Lima para determinar “quienes son los autores y cómplices de este delito”.
“La impunidad tiene que terminar. Tenemos que terminar con las escuchas ilegales telefónicas que afectan no solamente a las autoridades políticas, sino que en su momento podrían afectar al periodismo y a la ciudadanía en general”, declaró Adrianzén a los periodistas en los exteriores de la Fiscalía.
En el audio, que se registró en 2012 y que difundió el domingo el programa de televisión Panorama, Cateriano supuestamente señaló a un interlocutor desconocido que tiene la “luz verde” de la esposa del presidente peruano, Ollanta Humala, Nadine Heredia, para la firma de un convenio entre el sector defensa y el Programa de la ONU para el Desarrollo (Pnud).
Según Panorama, con este convenio se obviaron los controles del Estado para la compra de material no bélico para las Fuerzas Armadas por parte del PNUD.
Adrianzén señaló que se deberá analizar el audio, hacer pericias, inspecciones y tomar declaraciones para alcanzar a los responsables.
Diversos políticos criticaron hoy la vulnerabilidad de las comunicaciones del ministerio y expresaron su temor ante la posible escucha ilegal de temas de defensa y seguridad nacional.
“El Ministerio de Defensa desarrolla permanentemente protocolos de seguridad con miras a evitar que estos sucesos se produzcan. No obstante, nos enfrentamos a organizaciones criminales, organizaciones que desarrollan permanente estas actividades delictivas y que se hacen con la utilización de equipos de no difícil obtención en el mercado”, manifestó.
El procurador indicó que se continuarán de forma “diaria y permanente” con los esfuerzos y medidas para resguardar el secreto de las comunicaciones de los ciudadanos.
