El Ministerio Público logró privativa de libertad para un detective del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), dos supuestas damas de compañía, un taxista y un joven, por su presunta vinculación con el robo y posterior muerte de Nelson David Silva (50), visitador médico que fue hallado con un disparo en la cara, la mañana del 03 de agosto en la Circunvalación Norte, Barquisimeto, estado Lara.
La fiscal 4° de esa jurisdicción, Yaritza Berrios, imputó al detective Héctor Lameda por presuntamente incurrir en los delitos de homicidio calificado en grado de complicidad y robo agravado de vehículo automotor.
Adicionalmente, fueron imputadas Mariela Pinto (22), Carla Yánez (20), el taxista José Gómez (44), y Pedro Rodríguez (21), por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado en grado de complicidad, robo agravado de vehículo automotor y asociación para delinquir.
El funcionario del Cicpc fue presentado ante el Tribunal 2° de Control de Lara, instancia que acordó la privativa de libertad solicitada por el Ministerio Público y fijó como sitio de reclusión la sede de ese organismo policial, ubicado en Valencia, estado Carabobo.
Mientras que las dos mujeres, el taxista y el joven fueron aprehendidos en diferentes sitios de Barquisimeto, y presentados este domingo ante el Tribunal 8° de Control de Lara, el cual decretó la privativa de libertad y fijó como sitio de reclusión el Internado Judicial de Carabobo, conocido como Tocuyito.
A través de la investigación preliminar, se determinó que el visitador médico llegó a Barquisimeto proveniente de Maracay el pasado 01° de agosto, día en que recorrió con las dos jóvenes varios centros nocturnos.
El grupo de personas sometió a Nelson Silva y lo condujeron hasta la camioneta del visitador médico, una Toyota, modelo Fortuner, donde lo despojaron de todas sus pertenencias, lo trasladaron hasta la Circunvalación Norte, sitio en el que le dispararon y lo dejaron abandonado.
La camioneta fue localizada por medio del rastreo satelital en una granja ubicada en El Cují, a las afueras de Barquisimeto, en la finca propiedad del detective del Cicpc, quien tenía seis meses suspendido de sus labores por una investigación abierta en su contra por la presunta comisión del delito de concusión.
