Los abogados del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, presentaron este lunes una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington por la persecución política de la que supuestamente es objeto y para frenar un posible fallo de destitución.El secretario ejecutivo de la CIDH, organismo adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA) y con sede en Washington, Emilio Álvarez, le confirmó al diario colombiano El Tiempo que la medida cautelar ya fue entregada por el Colectivo de Abogados José Alvear y la Asociación para la Promoción Social Alternativa (Minga).
"Estas peticiones se analizan de manera urgente y pueden tomar varios días o semanas. Vale aclarar que cualquier determinación no implica una decisión de fondo sobre el asunto sino sobre los méritos de la solicitud de medida cautelar", agregó Álvarez.
Los abogados del alcalde bogotano argumentaron que la Procuraduría (Ministerio Público, con potestad para imponer sanciones disciplinarias) ha violado los derechos a la integridad personal, las garantías judiciales, los derechos políticos, la igualdad ante la ley y la protección judicial de Petro.
La demanda solicita que el organismo internacional ordene como medida cautelar la anulación del proceso disciplinario de la Procuraduría contra el burgomaestre, que puede emitir un fallo próximamente, y que derogue la facultad del titular de ese ente, Alejandro Ordóñez, de inhabilitar a los funcionarios públicos.
"El actual procurador Alejandro Ordóñez es reconocido por su intolerancia basada en sus convicciones religiosas extremas", agrega la demanda.
Por su parte, el procurador dijo el lunes a periodistas durante un acto en la ciudad de Cartagena que no le extrañaba que el alcalde hubiera acudido a ese recurso.
"Estos son los recuentes y naturales episodios que debemos asumir, por eso no me causa ninguna extrañeza y me parece normal que juzguen mis actuaciones", afirmó Ordóñez.
Esta demanda responde en gran parte a la investigación disciplinaria que inició en enero pasado la Procuraduría por la gestión de Petro durante el relevo del sistema de recolección de basuras de diciembre del año pasado, que estuvo cerca de causar una crisis sanitaria.
La Procuraduría indaga en qué presuntas conductas irregulares relacionadas con la prestación del servicio público de aseo pudo incurrir Petro, e investiga otras de naturaleza contractual y administrativa.
Desde el 18 de diciembre de 2012 y durante varios días, Bogotá estuvo inundada de basuras por las dificultades para que entrara en vigor un nuevo sistema de aseo que cambiaba a cuatro operadores privados, a quienes se les terminaba el contrato, por uno público que acabó necesitando la ayuda de las anteriores empresas.
EFE
