El abogado penalista, Juan Carlos Gutiérrez, explicó que una de las políticas gubernamentales efectivas para resolver el problema de la inseguridad es aplicar políticas de reinserción de delincuentes a la sociedad. Para él, no hay forma que se pueda mejorar el problema de seguridad sin plantear la reinserción.
"Cualquier iniciativa para procure ese fin debe ser aplaudida, se debe reconocer que es un avance", dijo el jurista. Señaló que en Venezuela sí existen organismos públicos y privados que ayuden con este tipo de políticas.
Respecto a la cantidad de agresiones que se han registrado en los últimos meses en las cárceles, el abogado reconoció que se ha mantenido la violencia en los recintos penitenciarios hasta el punto de convertirse en especies de "universidades del crimen". Para ello destacó que es necesario la construcción de instituciones que se encarguen de redactar y reorganizar a los incursos en delitos.
Un reciente estudio de Cofavic informó que han existido 609 casos de violaciones a Derechos Humanos (DDHH) en el transcurso del año 2013. El abogado penalista opinó que esto se debe a que las instituciones públicas encargadas de vigilar los temas de DDHH han descuidado sus funciones.
"La Defensoría del Pueblo tiene que tomar el control otra vez, se ha descuidado un poco el tema de los DDHH porque en toda la actividad funcionalidad del estado se ha enfocado en el ámbito político", aseveró Gutiérrez.
Cuestionó el sistema de administración de justicia de Venezuela. A su juicio, la justicia en el país se ha administrado sin autonomía. "Se ha creado el derecho penal coyuntural, donde se ataca a periodistas, militares, médicos (…) los jueces deben actuar con imparcialidad, a medida que eso exista, los ciudadanos se sentirán más seguros", agregó.
Planes de seguridad
El abogado destacó que una de las consecuencias del plan desarme es el registro de ataques en los que han asesinado a funcionarios policiales para quitarles las armas.
"Las consecuencias de un plan desarme es buscar otros mecanismos para obtener armas y municiones", afirmó.
Asimismo señaló que la actual desconfianza de los ciudadanos hacia los funcionarios policiales no es nueva. La novedad radica en que ha aumentado el porcentaje.
A su vez afirmó que la presencia de los policías en instituciones universitarias es necesaria y que no atenta contra la autonomía de las instituciones educativas.
"Aquí tenemos múltiples prioridades pero uno de ellas son las universidades y sus integrantes (…) sí puede haber un punto de cooperación sin necesidad que afecte la autonomía universitaria si tratan con respeto a los demás", puntualizó.
"Cualquier iniciativa para procure ese fin debe ser aplaudida, se debe reconocer que es un avance", dijo el jurista. Señaló que en Venezuela sí existen organismos públicos y privados que ayuden con este tipo de políticas.
Respecto a la cantidad de agresiones que se han registrado en los últimos meses en las cárceles, el abogado reconoció que se ha mantenido la violencia en los recintos penitenciarios hasta el punto de convertirse en especies de "universidades del crimen". Para ello destacó que es necesario la construcción de instituciones que se encarguen de redactar y reorganizar a los incursos en delitos.
Un reciente estudio de Cofavic informó que han existido 609 casos de violaciones a Derechos Humanos (DDHH) en el transcurso del año 2013. El abogado penalista opinó que esto se debe a que las instituciones públicas encargadas de vigilar los temas de DDHH han descuidado sus funciones.
"La Defensoría del Pueblo tiene que tomar el control otra vez, se ha descuidado un poco el tema de los DDHH porque en toda la actividad funcionalidad del estado se ha enfocado en el ámbito político", aseveró Gutiérrez.
Cuestionó el sistema de administración de justicia de Venezuela. A su juicio, la justicia en el país se ha administrado sin autonomía. "Se ha creado el derecho penal coyuntural, donde se ataca a periodistas, militares, médicos (…) los jueces deben actuar con imparcialidad, a medida que eso exista, los ciudadanos se sentirán más seguros", agregó.
Planes de seguridad
El abogado destacó que una de las consecuencias del plan desarme es el registro de ataques en los que han asesinado a funcionarios policiales para quitarles las armas.
"Las consecuencias de un plan desarme es buscar otros mecanismos para obtener armas y municiones", afirmó.
Asimismo señaló que la actual desconfianza de los ciudadanos hacia los funcionarios policiales no es nueva. La novedad radica en que ha aumentado el porcentaje.
A su vez afirmó que la presencia de los policías en instituciones universitarias es necesaria y que no atenta contra la autonomía de las instituciones educativas.
"Aquí tenemos múltiples prioridades pero uno de ellas son las universidades y sus integrantes (…) sí puede haber un punto de cooperación sin necesidad que afecte la autonomía universitaria si tratan con respeto a los demás", puntualizó.
