EFE).- El legislador colombiano Iván Cepeda, del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA), dijo hoy a Efe que la destitución e inhabilitación del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, “no es un hecho consumado” porque hay elementos que podrían revertir la medida, adoptada el lunes por el procurador general.
“A mi modo de ver, no es un hecho consumado, no digo que no sea posible, pero hay un trayecto político, hay elementos que comienzan a aparecer con fuerza como la reacción ciudadana y la reacción internacional, que pueden convertirse en un problema para el propio Gobierno”, señaló el representante a la Cámara baja (diputado).
Cepeda, hijo del fallecido senador Manuel Cepeda, uno de los más de 3.000 integrantes del partido Unión Patriótica (UP, izquierda) asesinados por paramilitares y fuerzas estatales entre los años ochenta y noventa del siglo pasado, habló además de “contradicciones dentro del mismo Estado” alrededor del caso Petro.
El congresista, que aspira ser elegido senador en las elecciones de marzo de 2014, indicó así que uno de los motivos que pueden llevar a revertir la decisión son precisamente las “contradicciones sobre los límites del procurador”.
Según Cepeda, esas contradicciones que presenta el Estado se basan en las funciones de la Fiscalía General y la Procuraduría, órgano de control este último que no pertenece al Poder Judicial.El procurador general colombiano, Alejandro Ordóñez, quien ejerce el Ministerio Público y cuya misión es controlar y fiscalizar en el ámbito disciplinario a los funcionarios, cesó e inhabilitó a Petro durante quince años por una supuesta mala gestión en una crisis de basurasdesatada en Bogotá en diciembre de 2012.
Una evidencia de esa fricción fue la inspección que realizó el miércoles el ente acusador, por orden del fiscal general, Eduardo Montealegre, a la Procuraduría para verificar el procedimiento por el que se destituyó e inhabilitó a Petro, elegido por voto popular.
Además, se suman las masivas protestas ciudadanas en apoyo al alcalde y las expresiones sobre el caso llegadas de la comunidad internacional, afirmó Cepeda.
La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos pidió al procurador una cita para hablar sobre el caso y en especial de los derechos de los bogotanos que eligieron a Petro en las urnas.
“No es el problema de un funcionario que actúa investigando un hecho simplemente, a mi modo de ver hay un trasfondo político, un funcionario de extrema derecha que tiene metas muy claras, una es descabezar a la izquierda que ha sobrevivido un extermino físico por otras vías”, dijo Cepeda.Además un grupo de eurodiputados criticó la decisión, mientras el embajador designado de EE.UU. en Colombia, Kevin Whitaker, comentó públicamente que la inhabilitación de Petro, un exguerrillero del desmovilizado Movimiento 19 de Abril (M-19), podría “erosionar” el diálogo de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC, en La Habana.
Varios líderes de la izquierda colombiana acusan al procurador Ordóñez de “representar los intereses de los sectores conservadores” y de ejercer su labor con fines políticos.
El congresista Cepada señaló que “la muerte política de Petro evidencia que cualquiera que deje las armas puede terminar igual”, lo que lanza, a su juicio, un mensaje a los negociadores de las FARC en Cuba.
