El Fondo Monetario Internacional (FMI), que había aplicado el año pasado una moción de censura contra Argentina por la falta de credibilidad de sus indicadores de inflación y PIB, reconoció este viernes en Washington los primeros progresos hacia la normalización de esas estadísticas. El directorio ejecutivo del FMI, en el que están representados los países miembros y que está dominado por EE UU y otros países desarrollados, “reconoció la implementación por las autoridades argentinas de todas las medidas especificadas que había solicitado” para esta fecha, “así como las medidas iniciales adoptadas para remediar a las deficiencias en el suministro de datos”. En concreto, Argentina debía crear nuevos índices de precios al consumidor (IPC) y PIB en el primer trimestre de 2014 y así lo hizo.
En el primer cuatrimestre de este año, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) admitió una inflación del 11,9%, más que el 10,9% reconocido en todo 2013. Además, informó de que la economía argentina había crecido menos entre 2006 y el año pasado de lo que antes calculaba: el 5,1% de media anual, en lugar del 6,2%. El nuevo cálculo del IPC implicará la admisión en el futuro de una cifra más amplia de pobres de la admitida hasta ahora, mientras que la rebaja en el tamaño de la economía impactará en un reconocimiento de una mayor deuda en relación con el PIB y una menor inversión en comparación con ese mismo parámetro.
Pero el FMI se concentra en el IPC y el PIB y para septiembre espera nuevos progresos en la adecuación de la metodología a los estándares internacionales. En noviembre los evaluará. En febrero próximo terminará el examen. Pero el primer análisis fue positivo y aleja la posibilidad de que el Fondo aplique sanciones a Argentina, que pueden ir desde el cierre del grifo de eventuales créditos, algo que el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner no parece interesado en pedir porque implica condicionamientos a la política económica, hasta la expulsión del país del seno del organismo. Pero lo que más busca el Ejecutivo argentino con la normalización de las estadísticas y de la relación con el FMI es la recuperación de la confianza de los inversores extranjeros en tiempos de una escasez de divisas que provocó en enero pasado una devaluación del peso y que aún no ha sido disipada. De hecho, el peso ha vuelto a depreciarse en los últimos días, pero de a poco, sin saltos bruscos de la cotización, como había sucedido en enero pasado. De todos modos, el deterioro del valor de la moneda argentina impacta en la inflación, que asciende al 33% anual, y en la actividad económica, que en marzo cayó el 0,9%.
La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, había llegado a amenazar a Argentina en 2012 con mostrarle la “tarjeta roja” por sus estadísticas. Pero este viernes fue ella quien expuso los progresos del Gobierno de Fernández ante los directores del organismo. Lagarde también fue quien el año pasado mostró preocupación por que la justicia de EE UU termine fallando a favor de los llamados fondos buitres que rechazaron en 2005 y 2010 la reestructuración de la deuda argentina y que exigen el pago del 100% de lo adeudado desde la crisis del país sudamericano de 2001. La mayoría de los acreedores, en cambio, aceptó cambiar el 93% del pasivo pese a sufrir una fuerte quita. La directora gerente teme que una sentencia definitiva contra Argentina afecte futuros canjes de deudas de otros países, al desalentar su aceptación e incentivar la vía judicial por parte de los tenedores de bonos.
El portavoz del FMI reconoció esta semana riesgos sistémicos. El próximo jueves, el Tribunal Supremo de EE UU decidirá si acepta o rechaza analizar el caso argentino. Si opta por esta segunda alternativa, quedarán firmes los dos fallos de primera y segunda instancia a favor de los buitres y Argentina corre riesgos de suspender pagos, como en 2001, pero esta vez de la deuda reestructurada.
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