La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, afirmó que el trabajo es un hecho social que goza de la protección del Estado, por lo que los abogados, de acuerdo con lo que plantea la normativa legal, deben defender y proteger los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
Así lo expresó en la ponencia realizada en el diplomado de “Proceso Social del Trabajo en la Administración de Justicia Laboral en Sede Administrativa”, el cual está dirigido a profesionales del derecho adscritos al Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo.
En ese sentido, resaltó que la responsabilidad del ejercicio del derecho debe ser plena, de allí la importancia de ser objetivos y estar sensibilizados con el trabajo que se realiza.Durante su intervención, Ortega Díaz disertó acerca de artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y las leyes orgánicas del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras y de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.
Hizo énfasis que desde el organismo público al que pertenecen, deben cumplirse los derechos consagrados en la Carta Magna y en la ley a favor de los trabajadores, pues allí están establecidos los procedimientos para el seguimiento de esos derechos sin vulnerar el de los patronos.
De igual manera, Ortega Díaz destacó la importancia de la formación para romper con la estructura del viejo sistema y reivindicar derechos de los trabajadores, tales como: la seguridad laboral, horario de labores, salarios justos y derecho a prestaciones sociales y vacaciones, entre otros.
Por otra parte, la Fiscal General indicó que el Ministerio Público cuenta con 67 fiscalías a escala nacional que conocen de esta materia, habiéndose logrado por incumplimientos de la seguridad laboral sentencias condenatorias, entre ellas, contra propietarios de la empresa Provegran, hecho en el que fallecieron varios trabajadores en el estado Aragua.
Cabe mencionar que en la actividad realizada en las instalaciones del Cuartel de la Montaña, en Caracas, estuvo presente el ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, Jesús Martínez, y la directora del Despacho del Ministerio Público, Gioconda González.
