(MP).- Ministerio Público imputó este miércoles 03 de noviembre a la exdiputada María Corina Machado Parisca (47), por presuntamente tener vinculación con el plan magnicida contra el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, lo cual tenía como propósito perturbar la paz del país.
La audiencia de imputación se llevó a cabo ante la Fiscalía 20° nacional, a cargo de Katherine Harington, dependencia que se encuentra en la sede del Ministerio Público en la avenida Urdaneta.
Durante el acto, la fiscal le imputó el delito de conspiración, establecido y sancionado en el artículo 132 del Código Penal.
De acuerdo con lo dispuesto en dicha norma “cualquiera que, dentro o fuera del territorio nacional, conspire para destruir la forma política republicana que se ha dado la nación será castigado con presidio de ocho a 16 años”.
Más adelante, el mismo artículo explica que “en la misma pena incurrirá el venezolano que solicitare la intervención extranjera en los asuntos de la política interior de Venezuela, o pidiere su concurso para trastornar la paz de la República o que ante sus funcionarios, o por publicaciones hechas en la prensa extranjera, incitare a la guerra civil en la República o difamare a su Presidente o ultrajare al representante diplomático o a los funcionarios consulares de Venezuela, por razón de sus funciones, en el país donde se cometiere el hecho”.
Con la imputación, Machado Parisca adquiere los derechos contemplados en los artículos 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y 125 del Código Orgánico Procesal Penal, sobre el debido proceso y los derechos del imputado.
Por estos mismos hechos tienen órdenes de aprehensión Henrique Salas Römer, Diego Arria Salicetti, Ricardo Emilio Koesling Nava, Gustavo Tarre Briceño, Pedro Mario Burelli Briceño y Robert Alonso Bustillo.
El Ministerio Público viene realizando esta investigación desde el mes de marzo de este año, por denuncia de varios parlamentarios de la Asamblea Nacional y de un particular, quienes pidieron que se abriera una investigación para determinar responsabilidades penales respecto a un plan para atentar contra el Jefe de Estado.
