(México, 12 de enero. EFE).- Un juez federal mexicano decretó el inicio de un proceso penal contra María de los Ángeles Pineda, esposa del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, e implicada en la desaparición de 43 estudiantes el 26 de septiembre pasado, informaron fuentes oficiales.
El Consejo de la Judicatura indicó en un comunicado que Pineda afronta cargos por delincuencia organizada en la modalidad de narcotráfico y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Según la investigación, Pineda pertenece desde el 2005 al cártel Guerreros Unidos, donde daba “protección y apoyo económico para lograr los fines de ese grupo”, apuntó.
La mujer se encargaba de comprar bienes muebles e inmuebles, así como de invertir los recursos obtenidos de la venta y distribución de droga principalmente en Guerrero y otros estados del país donde dicho cártel tiene presencia, añadió la institución.
Pineda fue detenida el 4 de noviembre de 2014 en una vivienda de la capital mexicana junto a su esposo, ambos acusados de ser los autores intelectuales del ataque contra un grupo de estudiantes el 26 de septiembre pasado en Iguala, en el sureño estado de Guerrero.
Esa noche policías locales dispararon contra alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa y causaron la muerte de seis personas y heridas a otras 25, supuestamente para evitar que los jóvenes irrumpieran en un acto oficial encabezado por Pineda.
Además, 43 estudiantes fueron entregados por policías a miembros de Guerreros Unidos,quienes presuntamente los asesinaron e incineraron en un basurero de Cocula, un municipio vecino a Iguala.
La fiscalía confirmó la semana pasada que sigue abierta la investigación sobre la participación de esta pareja en la desaparición de los 43 estudiantes.
Según la investigación oficial, el cártel entregaba entre dos y tres millones de pesos mensuales a la alcaldía de Iguala y Pineda era la encargada de distribuir los recursos con la complicidad de su esposo y del titular de Seguridad Pública, Felipe Flores, aún prófugo de la justicia.
Pineda, recluida en una prisión en Tepic, en el occidental estado de Nayarit, no reportó ante el Servicio de Administración Tributaria ingresos por 3,3 millones de pesos en el periodo 2009-2012.
Además, entre 2009 y 2014 recibió en cuatro cuentas bancarias unos 13,7 millones de pesos mexicanos, que “probablemente” procedían de Guerreros Unidos, señaló la autoridad judicial.
