Justo cuando finalizan las actividades del Congreso chileno, que en febrero entra en receso por las vacaciones de verano, la Administración de Michelle Bachelet ha conseguido cumplir con su promesa de presentar un proyecto de ley de aborto antes del 31 de enero, una de las reformas emblemáticas de su programa de Gobierno. En uno de los pocos países del mundo donde la interrupción del embarazo es perseguido en todas sus causales, la mandataria socialista ha firmado este sábado la iniciativa que deberá ser discutida desde marzo en el Parlamento y que lo pretende despenalizar en tres supuestos: riesgo vital de la madre, embrión o feto incompatible con la vida y violación.
El proyecto de ley tiene como centro los derechos de las mujeres y establece que, en cualquiera de las causales, debe existir la expresión de la voluntad libre de las embarazadas, de manera expresa, previa y escrita ante el médico. De ser aprobado por el Congreso, podrán abortar las chilenas que tengan más de 18 años, las jóvenes entre 14 y 18 con la información previa a sus padres y las menores de 14, con la autorización de su representante legal o la aprobación previa de un juez de familia.“En una sociedad donde las mujeres son ciudadanas plenas y libres, ni el Estado ni nadie puede obligarlas a tomar una decisión en contra de su derecho y deseo a ser madre. Pero de la misma manera, cuando su decisión es no continuar con el embarazo, por alguna de las tres graves causas mencionadas, el Estado debe entregar alternativas fundadas en sus derechos, en su dignidad y en razones de protección de su vida”, ha señalado Bachelet, exdirectora ejecutiva de ONU Mujeres (2010-2013), en una ceremonia realizada en uno de los patios de La Moneda.
De ser aprobado por el Congreso, podrán abortar las chilenas que tengan más de 18 años, las jóvenes entre 14 y 18 habiendo informado a sus padres y las menores de 14, con la autorización de su representante legal
En los casos de riesgo vital de la madre y embrión o feto incompatible con la vida, se requerirá que un segundo médico ratifique el diagnóstico, a no ser que se trate de un caso de urgencia. Ante un embarazo por violación, será necesario un informe de un equipo de especialistas y que la gestación no sea superior a las 12 semanas. La iniciativa, sin embargo, contempla excepciones para las niñas menores de 14 años que han sido abusadas: no se les pedirá el informe, porque de acuerdo con la legislación chilena siempre se trata de una violación impropia, y se extenderá el plazo para interrumpir el embarazo hasta las 18 semanas.
Los tres casos se deben considerar como una prestación de salud legítima, tanto en el sistema público como en el privado. Uno de los puntos centrales que se ha incluido en el proyecto de ley, además, ha sido la regulación de la objeción de conciencia de los médicos. Individualmente pueden excusarse de realizar un aborto, previamente y por escrito, aunque no pueden negarse si se trata de un procedimiento inmediato e impostergable. La iniciativa de Bachelet determina que los hospitales y clínicas, como instituciones, no pueden invocar la objeción de conciencia para no realizar los procedimientos.
En Chile existía el derecho al aborto terapéutico desde 1931. Pero seis meses antes de que terminara la dictadura de Augusto Pinochet, en septiembre de 1989, se dictaminó: “No podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto”. Aunque, como se trata de un delito, no existen datos certeros y sólo aproximaciones, se estima que cada año se producen entre 70.000 y 140.000 interrupciones del embarazo clandestinas. La ley lo prohíbe y también lo persigue: de acuerdo con los últimos datos disponibles, en 2012 había 221 chilenas cumpliendo algún tipo de pena por abortar o ayudar a realizar esta práctica.
El Gobierno cuenta con mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado y el proyecto de ley de aborto fue un compromiso de campaña de Bachelet apoyado por todos los partidos que componen su coalición Nueva Mayoría. Hace algunos días, sin embargo, la Democracia Cristiana manifestó sus reparos a la iniciativa y solicitó que las tres causales de despenalización del aborto sean votadas por separado en el Congreso, por lo que se prevé que la discusión no será del todo fácil incluso dentro del oficialismo. La derecha también ha hecho saber su postura: “No respeta la dignidad humana”, han señalado portavoces de la Unión Demócrata Independiente (UDI).“La propuesta que hoy día presentamos se enmarca también en los compromisos que Chile tiene con el Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos y que no podemos seguir rehuyendo”, ha dicho la Presidenta en referencia a las numerosas recomendaciones que han realizado diversos organismos de Naciones Unidas para que el Estado de Chile cambie su legislación.
El Gobierno ha celebrado la aprobación de varias de sus iniciativas emblemáticas en el período legislativo de 2014 que acaba de cerrarse. Entre sus principales logros se encuentra la reforma tributaria, el fin del sistema electoral binominal, el Acuerdo de unión civil —que reconoce por primera vez la unión de homosexuales—, la creación del Ministerio de la Mujer y el despacho de una de las primeras etapas de la reforma educativa, que es el principal cambio estructural que propone el Gobierno de Bachelet.
El debate sobre el aborto ha sido constante en Chile desde 1990 a la fecha, pero nunca se había conseguido llegar tan lejos en su despenalización, que con probabilidad será aprobado en el Parlamento. Uno de los últimos incidentes que se produjo en torno a este tema ocurrió a fines de 2014, cuando cayó la ministra de Salud, Helia Molina, luego de señalar que “en todas las clínicas cuicas [de clase alta], muchas familias conservadoras han hecho abortar a sus hijas”. “Las personas con más dinero no requieren de leyes, porque tienen los recursos”. Fue la primera colaboradora de Bachelet en salir del gabinete, aunque se prevé que la Presidenta hará un ajuste en marzo.
Aprobado la semana pasada, el proyecto de ley por la inclusión escolar era uno de los capítulos más conflictivos de la reforma y uno de los que con mayor fuerza habían impulsado los movimientos estudiantiles. Con un programa de implementación hasta 2023, regula la admisión de los estudiantes, elimina el financiamiento compartido con los padres y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado.
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