El parlamento andorrano aprueba la ley para dar salida a la crisis de BPA
El Consejo General de Andorra ha aprobado este mediodía el proyecto de ley de medidas urgentes para la reestructuración y resolución de entidades bancarias, que debe servir para acelerar la salida a la crisis generada por el escándalo de Banca Privada d'Andorra (BPA). La norma permitirá traspasar los activos sanos de la entidad intervenida por el Gobierno a un “banco puente” que posteriormente podrá ser vendido total o parcialmente o bien liquidado de forma ordenada, sin pasar por un proceso concursal. Además, el texto crea una agencia que pilotará el proceso y un fondo capitalizado por el resto de entidades financieras. La ley ha sido aprobada con los votos del partido que apoya al Gobierno, Demòcrates per Andorra, y de los liberales y la mayoría socialdemócrata y la abstención del partido Socialdemocràcia i Progrés.
La norma debe ser ahora firmada por los dos copríncipes de Andorra, el presidente de Francia y el arzobispo de la Seu d'Urgell (Lleida)
El ministro de Finanzas, Jordi Cinca, ha defendido la ley al considerar que dota al Gobierno de “un instrumento” para hallar la salida a la crisis. “Si no, el camino está trazado y es el peor posible”, ha advertido. Cinca ha defendido la actuación del Ejecutivo, hasta ayer en funciones, y del supervisor financiero por la “excepcionalidad y gravedad” de la situación. “Debíamos evitar el riesgo de contagio al resto de la plaza financiera andorrana y minimizar las consecuencias al resto de la economía del país”, ha afirmado el ministro. El titular de Finanzas andorrano ha asegurado que las autoridades han tratado de “preservar la continuidad de la actividad, proteger a los depositantes” y evitar el “riesgo” de falta de liquidez, que hubiera precipitado la entidad al “concurso de acreedores y a una liquidación larga”.
La ley, según el Gobierno, ha incorporado propuestas de los partidos de la oposición y los trabajadores. A pesar de que la entidad puente no será considerada “sucesora” de BPA, sí se quedará con la plantilla del banco fundado por la familia Cierco y les reconocerá sus derechos actuales y antigüedad adquirida. A pesar de apoyar la ley “por sentido de Estado”, el líder de Liberals d’Andorra, Josep Pintat, ha asegurado que su formación ni comparte “la gestión de la crisis” ni ha apreciado que se consideren las “sugerencias” que ha hecho llegar su formación. “No ha habido nunca una mesa conjunta de trabajo con la Asociación de Bancos Andorranos, el INAF y la UIF. El Gobierno ha tenido solo reuniones bilaterales y no un diálogo transparente”, ha añadido.
El líder del Partit Socialdemòcrata, Pere López, ha asegurado que el “planteamiento” de la ley resulta “coherente” y ha advertido de que se trata de “un instrumento pequeño dentro de un gran puzzle”. López ha abogado por avanzar en una mayor “transparencia en el ámbito fiscal” y en acelerar el despliegue de los acuerdos alcanzados con la Comisión Europea en el marco del Acuerdo Monetario. López se ha mostrado satisfecho porque se han respetado las líneas rojas que se marcó su partido: la protección de los trabajadores, la depuración de responsabilidades y no comprometer fondos públicos. Sin embargo, al líder socialdemócrata le hubiera gustado un “mayor control público financiero” de la agencia que pilotará la reestructuración de BPA y una mayor dotación del fondo que servirá para sufragar los gastos del proceso.
Mucho más crítico ha sido el portavoz de Socialdemocràcia i Progrés, Víctor Naudi, que ha asegurado que el Gobierno de centroderecha ha demostrado estar “poco preparado” para afrontar la situación y ha planteado que varias de las disposiciones de la ley podrían ser “inconstitucionales” de acuerdo con los informes que manejan. Naudi también ha criticado que se excluya a BPA de la aportación de los bancos al fondo de rescate. EL PAIS
