La jueza Sandra Arroyo Salgado, expareja del fallecido Alberto Nisman, afirmó hoy que ha sufrido “hechos intimidatorios” y siente miedo, insistió en denunciar que el fiscal fue asesinado y consideró que en el esclarecimiento de su muerte está en juego la credibilidad de la Justicia argentina.
“Estoy con miedo, con preocupación”, dijo la jueza, querellante en la causa que investiga la muerte de Nisman en representación de las dos hijas que tuvieron juntos.
“Hemos tenido algunos hechos que entendemos intimidatorios, en distintos ámbitos. No estamos bien, estamos con miedo”, insistió la expareja de Nisman, encontrado el 18 de enero con un disparo en la cabeza en su domicilio, en circunstancias aún sin aclarar, después de denunciar a la presidenta argentina, Cristina Fernández, por encubrimiento de terroristas.
Arroyo Salgado comentó que ha tenido que reforzar la custodia asignada a su familia, durante su participación en el programa televisivo que conduce Mirtha Legrand.
“Esta muerte no favoreció a nadie, a partir de este hecho se vive con miedo, con inseguridad”, dijo la magistrada, convencida de que “esto fue algo muy sofisticado” y que, en este caso, “es mucho lo que está en juego, se trata de la credibilidad de la gente en la capacidad de respuesta de la Justicia”.
La jueza, que convivió durante 17 años con Nisman, reiteró que las investigaciones de los peritos de la querella confirman la hipótesis familiar de que el fiscal fue asesinado, pese a que la investigación oficial no descarta la posibilidad de un suicidio.
Arroyo denunció una “campaña de desprestigio mediático” contra la figura de Nisman, y lamentó que el caso se haya transformado en un “circo mediático” mientras se dilata la investigación de las pruebas, como el análisis de las cámaras de seguridad del complejo en el que residía el fiscal.
“Todo el tiempo que pasa conspira contra la responsabilidad de los autores de este hecho, que ha impactado de lleno en la institucionalidad de nuestro país”, afirmó.
Confió en que la convocatoria de una junta médica, en la que los peritos oficiales y los de la querella podrán discutir sus discrepancias sobre las circunstancias en que murió Nisman, permitan arrojar luz sobre el caso.
A su juicio, en la investigación oficial no se ha tenido suficientemente en cuenta el contexto de Nisman, el fiscal que investigaba el atentado contra la mutua judía AMIA y que murió después de denunciar a la presidenta Fernández por encubrimiento de los sospechosos iraníes de la agresión.
La muerte de Nisman “está íntimamente vinculada a su actuación como fiscal que estaba investigando el atentado de la AMIA”, agregó, “es como que nuestro Estado y nuestro sistema judicial sigue sin poder dar respuesta”.
Se refirió también a Diego Lagomarsino, colaborador informático del fiscal y único imputado en la causa por entregarle la pistola que acabó con su vida, para subrayar la importancia de investigar la cuenta que compartía con Nisman en un banco de Estados Unidos.
“Es un elemento sumamente importante para la investigación porque habla de una relación de confianza, de una relación funcional o de conocimiento que va bastante más allá de lo que se había declarado”, apuntó.
La jueza reveló también que el abogado de Lagomarsino, Maximiliano Rusconi, le ofreció sus servicios días después de la muerte de Nisman, y antes de que se presentara públicamente como defensor del informático.
Según la investigación oficial, Lagomarsino sería la ultima persona que vio con vida a Nisman, el sábado 17 de enero por la tarde, cuando le entregó su arma.
Alberto Nisman fue encontrado con un disparo en la cabeza en el baño de su casa en vísperas de acudir al Congreso para detallar la denuncia contra la presidenta, que ha sido desestimada por dos instancias judiciales en Argentina.
Fuente: EFE
