La violencia se recrudece en El Salvador. De la tregua entre pandillas iniciada en 2012 con la aceptación tácita (nunca oficial) del Gobierno y respaldada por la OEA y la iglesia, no queda nada. Duró 15 meses, periodo en que la tasa de homicidios bajó de 15 a cinco asesinatos diarios, si bien no cesaron la extorsión y el secuestro. Desde principios de 2014, en medio de un crispado ambiente de opinión conservadora contra el diálogo con las bandas, el gabinete izquierdista del anterior presidente, Mauricio Funes, fue cambiando de actitud con respecto al proceso de pacificación y bloqueó los mecanismos con que lo facilitaba, principalmente permitir encuentros en la cárcel entre líderes pandilleros. Hoy, roto el escenario de tregua, la situación se agrava. Marzo fue el mes más violento en lo que va de siglo con 481 asesinatos, las extorsiones a empresarios aumentan y preocupa lo que pueda desencadenar la nueva estrategia de mano dura contra las pandillas. El ejemplo: la sangría de este último fin de semana.
El sábado por la mañana, el presidente Salvador Sánchez Cerén, delFMLN como su antecesor Funes, ordenó al Ejército la creación de tres batallones de reacción inmediata para hacer frente a la criminalidad. Horas después, nueve pandilleros murieron en un enfrentamiento con soldados. Por la noche un sargento fue acribillado en su vivienda. Y el domingo de madrugada otro militar fue asesinado en una emboscada. Este lunes por la mañana fueron atacados soldados de la Fuerza Naval en San Salvador. Uno de ellos murió y dos quedaron heridos.
En el caso del choque entre pandilleros y Ejército, la información oficial indica que un grupo de unos 30 miembros de la mara[pandilla] Barrio 18 fue detectado por militares en San Salvador y los pandilleros abrieron fuego contra ellos. El resultado: nueve muertos, todos de la banda, y ningún militar herido. Fotos que circulan en las redes sociales muestran a los pandilleros muertos con sus armas al costado, en medio de charcos de sangre. Los comentarios de los internautas difieren: unos dicen que son “imágenes montadas”, por aparecer los pandilleros junto a armas; otros expresan su dolor porque hayan muerto jóvenes; otros, a la inversa, se alegran de que hayan muerto esos jóvenes. Es una muestra de la polarización de la percepción en este país centroamericano de seis millones de habitantes, uno de los más violentos del mundo con una tasa de más de 60 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Sánchez Cerén ha dado datos que señalan el recrudecimiento del modelo de represión de la delincuencia. El lunes pasado, en una comparecencia pública, informó de que el 30% de los homicidios de marzo se corresponde a pandilleros caídos en enfrentamientos con la Policía Nacional Civil. A su vez, en lo que va de año, la Policía ha informado de la muerte de 22 de sus elementos a causa de ataques de las pandillas.“Estamos entrando a un esquema de guerra entre pandilleros y agentes del Estado. Es sumamente peligroso”, afirma la experta en violencia Jeannette Aguilar. “Un riesgo es que muchas de estas acciones contra los pandilleros se estén haciendo fuera de la ley, y cuando hay acciones fuera de la ley la población civil siempre será afectada. No debemos olvidar que sectores grandes de la población viven marginados precisamente donde han proliferado las pandillas”, añade.
Aguilar apunta que la escalada hacia el conflicto se puede detectar también en el hecho de que en el último quinquenio el Ejército ha duplicado su número de soldados, de 12.000 a 24.000. La presencia militar en las calles es cada vez más notoria, se crean nuevas unidades de choque y el ministro castrense, general David Munguía, ha anunciado una próxima entrega de pertrechos de parte de Estados Unidos.
Por su parte, las pandillas endurecen su acción. Sus líderes ya no cuentan con las condiciones que tenían durante la tregua (fueron trasladados a cárceles comunes en un régimen menos severo: incluso tenían teléfonos desde los que daban órdenes a su gente en el exterior) y ahora se encuentran en un penal de máxima seguridad conocido como Zacatraz, por la cárcel estadounidense de Alcatraz y el nombre de la ciudad donde está, Zacatecoluca. El 18 de abril, un diario local publicó un informe reservado de inteligencia en el que se revelaba que los pandilleros están procurando conseguir más armas y adiestramiento y, para tener recursos, han ordenado incrementar las extorsiones.
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