José Luis Escrivá (Albacete, 1960), lleva un año al frente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), el nuevo organismo creado para vigilar la sostenibilidad de las cuentas públicas. Escrivá fue responsable de la División de Política Monetaria del Banco Central Europeo (BCE) y director del Servicio de Estudios de BBVA. Ahora está centrado en que la institución que dirige cobre prestigio. Pero para ello reclama más personal. Cree que el principio de estabilidad —por el que no se puede gastar más de lo que se tiene— va calando poco a poco en las Administraciones Públicas pero alerta de los problemas de financiación de la Seguridad Social y de las comunidades autónomas.
Pregunta. Lleva un año al frente del organismo que debe velar por la sostenibilidad de las cuentas públicas. En ese periodo ha alertado reiteradamente sobre algunos desequilibrios. ¿Cree que le han hecho caso desde el Gobierno y las comunidades?
Respuesta. Creo que el canal por el que tenemos que interaccionar con las administraciones públicas son a través de nuestros informes. Nuestras recomendaciones introducen un elemento novedoso que es entablar un diálogo público con las administraciones. Ahí está habiendo más dificultad. No hay una cultura de dialogar de forma transparente y abierta. Nos gustaría que se discrepara más de nosotros.
P. ¿Cree que la Airef debería tener algún instrumento sancionador?
R. Creo que no. Nuestra eficacia tiene que venir por la vía de elevar los costes reputacionales para las administraciones. Ese es el camino. Hay que separar bien el ámbito de lo que es una institución fiscal independiente y el ámbito democrático de toma de decisiones.
P. Hay comunidades que incumplen reiteradamente los objetivos presupuestarios y no tienen un coste reputacional.
R. Todo lo que tiene que ver con las comunidades autónomas es muy complejo. Han hecho un esfuerzo de consolidación muy significativo en los últimos años. Algunas tienen problemas de infrafinanciación estructural. Algunas cosas de su estructura de gastos dependen de normativa básica del Estado. Todo eso explica que, ante desviaciones persistentes, no haya mucha capacidad para poner en marcha mecanismos de corrección más exigentes. No hay que demonizarlas.
P. Entre los elementos que influyen en el cumplimiento presupuestario de las comunidades, ¿están las elecciones?
R. Históricamente ha sido así. Pero estamos viendo que el gasto asociado al ciclo electoral parece que se ha matizado muchísimo.
P. El hecho de que no haya habido un excesivo coste reputacional puede ser porque sus informes hayan sido cautelosos.
R. ¿Nuestros informes? No es eso lo que piensan las administraciones, ni los organismos internacionales. No existe la sensación de que hayamos sido benevolentes. Hay que ser cuidadoso porque nuestras recomendaciones pueden afectar a las decisiones de ingresos y gastos. Hemos querido reducir nuestra discrecionalidad. Hay que evitar estridencias, eso no es eficaz.
P. Del 1 al 10, ¿cuál es el nivel de independencia que han mantenido con el Gobierno?
R. Somos absolutamente independientes. No hay ningún elemento por el cual el Ministerio de Hacienda condicione nuestra actuación. En el caso de la Airef donde uno puede tener ciertas limitaciones es en la capacidad de disponer de recursos materiales y humanos. Estoy insistiendo en que deberíamos tener más recursos humanos y presupuestarios para desarrollar todas las funciones que establece la ley. Tenemos que evaluar, entre otras cosas, el riesgo de incumplimiento de todas las administraciones, comunidades autónomas, ayuntamientos, sus presupuestos, sus planes...
P. Precisamente ese es uno de los pulsos que mantiene con Hacienda.
R. Nosotros insistimos en que necesitamos más recursos. Queremos ser una institución austera, pero hay una ley que nos plantea hacer una serie de cosas que en estos momentos no podemos hacerlo. Nos gustaría evaluar el riesgo de incumplimiento de los Ayuntamientos y todavía no lo hemos podido hacer porque para evaluar a todos los Ayuntamientos de España solo tenemos a una persona. Y lo más importante: creemos que invertir en la AIReF es invertir en la credibilidad de las cuentas públicas y esto es muy relevante porque esa credibilidad todavía no está plenamente conseguida.
P. ¿Qué recursos han pedido?
R. En este momento tenemos actualmente 35 personas. Hemos expresado que necesitamos a medio plazo 65 personas, en línea con los informes del FMI. Y lo que planteamos ahora es tener 15 personas más para converger hacía esa cifra.
P. Tienen la sensación de sentirse solos. No echan de menos el respaldo de otras instituciones o del propio Gobierno
R. La sostenibilidad financiera no es de derechas ni de izquierdas, es de puro sentido común. Esa idea probablemente no haya permeado suficientemente en la sociedad y en las administraciones. Tenemos que insistir en hacer didáctica para que esta idea vaya calando. Y para que estemos más acompañados. Pero no lo siento como una frustración, sino como un reto.
P. No cree que se minusvalora a la institución con decisiones como la de no citarlo en el Congreso para opinar sobre los presupuestos.
R. Nuestro canal de información es a través de la emisión de informes. He acudido al Parlamento y he intervenido a la comisión de Hacienda para explicar nuestros informes.
P. Entonces, ¿le parece bien que el Banco de España pueda opinar sobre el proceso presupuestario y la Airef no?
R. La Airef claro que opina sobre los Presupuestos con nuestros informes. Hacemos recomendaciones que tienen que ser seguidas y si no tienen que explicar por qué.
P. Pero, ¿le gustaría que esa opinión sea expuesta en el Parlamento?
R. Si me invitan el Parlamento estoy encantado de ir las veces que haga falta..
P. Y, ¿si no?
R. La ley dice que tengo que ir al menos una vez al año a rendir cuentas y eso lo he hecho. Lo que depende de mí lo he hecho.
P. Le gustaría que la Airef hiciera como su homóloga holandesa que examina los programas electorales de los principales partidos.
R. Eso solo hace Holanda. Y está empezando a hacerlo Australia. Lo que hace la oficina de análisis de políticas económicas de Holanda, que seguramente es más relevante, es recoger las propuestas de los partidos que van a formalizar coalición para ver que esas propuestas sean consistentes desde el punto de vista presupuestario. Nosotros tenemos suficientes funciones.
P. En la nueva etapa política que se abre va a estar muy presentes los Gobiernos de coalición.
R. Los pactos políticos deberían ser consistentes con la estabilidad presupuestaria. Creo que en los programas electorales y en los acuerdos que se alcancen ese principio se va a mantener. Eso es absolutamente consistente con estructuras de ingresos y gastos distintas. Hay países que tienen un comportamiento de estabilidad impecable, por ejemplo los nórdicos, con un gasto público por encima del 50% del PIB. La clave es tener una estructura de ingresos y gastos que casen.
P. Opina que los programas de los nuevos partidos suponen un riesgo para la sostenibilidad.
R. Esto no es un tema de izquierdas o derechas. Si uno quiere cambiar la preferencia de gasto tendrá que, probablemente, aumentar el nivel de ingresos.
P. Cree que Hacienda está siendo severa con las comunidades que se desvían de sus planes de equilibrio, de su déficit.
R. La Ley de Estabilidad Presupuestaria, de 2012, es muy importante y forma parte del reforzamiento institucional después de que España tuviera una pérdida importante de credibilidad. Es una ley muy exigente, que debe ser cumplida por todas las administraciones públicas. No obstante, puede ser conveniente darle en algún momento una vuelta. Porque si las reglas son demasiados duras y los procedimientos son demasiados exigentes al final la propia realidad te hace ver que no puedes ejecutarlos. La Ley de Estabilidad sí tiene un brazo preventivo: la identificación temprana de riesgos, que puede ser las más eficaz, pero que está costando más desplegar. Hay que avanzar más en ese sentido.
P. Ustedes avisaron hace seis meses de que las comunidades se desviaban de sus objetivos presupuestarios y seguimos igual.
R. Existe la inercia de constatar ex post la desviación y una vez que salen los datos de cierre del año, en abril, empieza el proceso de corrección. Eso que es una forma tradicional de funcionar hace que a veces se llegue tarde. Es una de las áreas donde hay más recorrido.
P. Qué opina del doble lenguaje del Gobierno que recuerda a los nuevos gobiernos que hay un marco normativo que hay que cumplir y luego relaja la aplicación de la ley.
R. Estamos aún en un proceso de aprendizaje. Hay ejercicios de prueba y error y hay que terminar de encajar las formas de actuación.,
P. Y en ese proceso de ganar credibilidad, como afecta que la Ley de Estabilidad fije un objetivo de deuda del 60% en 2020 que es imposible conseguir.
R. El objetivo de deuda del 60% se puede conseguir, es un requisito constitucional. La cuestión es a qué ritmo y en qué horizonte.
En esa orientación a medio o largo plazo deben plantearse sendas de convergencia a ese nivel a un horizonte temporal que sea creíble y materializable. Hay que separarse de la obsesión por la décima del objetivo de déficit. Hay margen para que el proceso de consolidación sea genuinamente plurianual.
P. Qué le parece que el Gobierno cuando hizo su propuesta sobre las pensiones no remitiera todos los datos a la Airef.
R. Hicimos una recomendación y dijimos que sería conveniente que en el futuro se ofreciera. Muchas de nuestras recomendaciones tienen que ver con más transparencia. Se ha avanzado mucho. España es el país que en estos momentos tienen mejor información presupuestaria sobre todo a nivel subnacional. Es una referencia en este momento. Pero donde hay margen de mejora es en la transparencia de los procedimientos, explicar cómo uno hace las cosas.
P. Qué opinión le merecen las recomendaciones de otras instituciones como el Banco de España, el FMI, la OCDE que piden subir el IVA, una vuelta de tuerca a la reforma laboral, copagos...
R. Nosotros no podemos ni debemos opinar sobre la estructura de la composición de ingresos y gastos porque eso es parte del ámbito democrático.
P. Cuáles son los mayores riesgos para la sostenibilidad financiera de España
R. Con las políticas que hay encima de la mesa, con las previsiones sobre la economía, la deuda pública pronto va a empezar a descender en relación al PIB y va a entrar en una senda sostenible. El proceso de consolidación fiscal va a seguir en los próximos años a un ritmo razonable. Pero cuando miramos por cada nivel de la administración está menos claro. Debería haber cambios en los procesos de financiación entre administraciones. Nos preocupa la evolución de la Seguridad Social. Tiene un déficit en torno al 1,5% del PIB (unos 15.000 millones de euros) y no creemos que en los próximos años ese déficit se vaya a cerrar a un ritmo rápido. La seguridad social va a tener algunos problemas de financiación en los próximos años. Hay que ir pensando que hay que hacer con su financiación. Igual ocurre con las comunidades autónomas. Cuando uno mira de forma agregada a las comunidades parece que podrían lograr el objetivo presupuestaria global. Pero cuando mira una por una ese resultado no está tan claro. Hay que repensar el sistema de financiación autonómica porque hay comunidades que tienen un aparente problema de infrafinanciación estructural que hay que analizar para ver si les impide llegar al objetivo.
P. Con las previsiones de la Seguridad Social. No se prevé subidas de pensiones
R. Hay que hacer previsiones cada cinco años. La última vez que hicimos el cálculo es claro que no había margen para subir las pensiones más del 0,25%. Pero en este caso la evolución de la inflación es importante para los ingresos nominales de la seguridad social.
P. Incluso con repunte de la inflación tampoco parece que los salarios tampoco respondan.
R. Hay indicios de que el proceso de formación de salarios puede haber cambiado en la economía española.
P. Qué le parece una reforma fiscal que baja impuestos con un déficit de cerca de 60.000 millones al año.
R. Hay que tener una orientación de medio plazo. Hay un objetivo de estabilidad presupuestaria a medio plazo y ese objetivo puede conseguirse con diferentes estructuras de ingresos y gastos. Nosotros juzgamos, con las medidas que están encima de la mesa, la factibilidad de llegar ahí. ¿Cómo se llega? El plan de estabilidad contiene una estrategia que pone el énfasis en reducir el nivel de gasto público respecto al PIB en los próximos años y mantener básicamente los ingresos estables en los niveles actuales.
P. Pero no parece que se vayan a cumplir los objetivos de este año.
R. Eso aún es pronto. El objetivo para este año es muy exigente.
P. Es sostenible un nivel de ingresos del 39% del PIB como proyecta el Gobierno.
R. Con un nivel de gasto del 39%, sí. Es verdad que han subido los impuestos. Si miramos todas las figuras impositivas, incluidas las autonómicas, el nivel de impuestos que hay ahora es más alto que a principios de la crisis. Hay algunos impuestos que todavía tienen mucho recorrido de recaudación a los tipos impositivos actuales. Hacer una evaluación de los niveles de gasto e ingresos en una situación cíclica baja como ahora no es correcto.EL PAIS
