Amnistía Internacional (AI) exigió al Gobierno de Perú la creación de un registro único de mujeres sometidas a esterilizaciones forzadas durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).
AI lanzó hoy en una rueda de prensa la campaña “Contra su voluntad: un registro único, miles de historias” para exhortar al gobierno peruano a implementar el registro y a brindar los recursos necesarios para su implementación.
“Consideramos terrible que luego de 18 años de registrarse los primeros casos de esterilizaciones forzadas aún no se tenga un registro exacto a nivel nacional”, indicó la directora ejecutiva de Amnistía en Perú, Marina Navarro, en un comunicado difundido por el organismo.
AI también pidió que se ofrezcan las garantías necesarias para asegurar que las víctimas obtengan justicia y se les otorgue una reparación integral adecuada.
Amnistía consideró que se debe agilizar la investigación preliminar del caso, reabierta el 10 de mayo pasado por el Ministerio Público y que a inicios de agosto deberá decidir si el proceso continúa o es archivado definitivamente.
“Existen amplios indicios para que la investigación continúe pues los médicos fueron presionados por el gobierno para alcanzar cuotas de esterilización y en la mayoría de los casos las mujeres no dieron su consentimiento libre e informado”, indicó la nota.
Para Amnistía Internacional el principal problema de la investigación preliminar es que solo “incluye a 2.074 víctimas, una pequeña parte del total de mujeres afectadas”.
La Defensoría del Pueblo estima que se realizaron más de 272.000 esterilizaciones como parte del programa gubernamental de planificación familiar aplicado en 19 regiones de Perú entre 1990 y 2000.
Según AI, el ministerio peruano de Salud señala que 53% de mujeres que se sometieron al programa de esterilizaciones pertenecían a zonas rurales, 28% a zonas urbanas marginales y 19% a zonas urbanas.
Organizaciones civiles aseguran que del total de mujeres sometidas a este procedimiento, unas 1.500 fueron esterilizadas sin su consentimiento, mientras que la Defensoría del Pueblo dice que 18 murieron supuestamente a causa de esas prácticas.
Fuente: EFE
