El reciente ascenso a los generales castrenses se ha visto envuelto en el ojo del huracán debido a algunas investigaciones que destacas que losgenerales se han visto vínculos con el narcotráfico que son los procesos que se adelantan contra cuatro de los 39 militares ascendidos a la cúpula castrense.
Cabe mencionar, que las Naciones Unidas han solicitado, al Estado colombiano suspender a militares involucrados en juzgamiento o investigaciones por violaciones de los derechos humanos, crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, el ministerio de Defensa respaldó a los oficiales ascendidos y en especial al general Martínez.
A continuación la nota completa:
Redacción Política
La Comisión Segunda del Senado de la República es la encargada revisar y aprobar las hojas de vida de los militares que aspiran a ocupar la línea de mando de las fuerzas castrenses. No obstante la mayoría de senadores obviaron investigaciones judiciales graves contra cuatro militares.En la Comisión cada senador presenta ponencia favorable o negativa respecto de las condiciones que deben cumplir los militares para acceder al ascenso. La decisión de la Comisión se había convertido en un requisito sin mayores complicaciones hasta que los oficiales de la Policía Nacional Flavio Buitrago y Mauricio Santoyo, que habían sido ascendidos en noviembre de 2011 y agosto de 2012 respectivamente, resultaron condenados por vínculos con narcotraficantes y paramilitares. Desde ese momento la lupa sobre los oficiales que aspiran a los asensos se hace rigurosa.Los cuestionamientos
El pasado 2 de diciembre se debía tramitar el ascenso de 39 oficiales de todas las fuerzas. Cuatro de ellos están cuestionados por acusaciones de tener relaciones con criminales. El caso más llamativo es el del general de la Policía Luis Eduardo Martínez después que el exgeneral Mauricio Santoyo lo acusara de tener vínculos Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’. Según Santoyo, Martínez recibió dineros del capo a través del confeso narcotraficante Francisco Cifuentes Villa, cuando el oficial estaba al frente de la comandancia policial del departamento de Antioquia.“Estas declaraciones, que fueron negadas en su momento por el Brigadier General Luis Eduardo Martínez Guzmán, pero fueron reafirmadas por Mauricio Santoyo… el cual en la actualidad coopera con la justicia de Estados Unidos en donde confesó su relación con paramilitares y narcotraficantes. Mauricio Santoyo aseguró frente a una Corte de Estados Unidos, que tiene pruebas acerca de las relaciones del Brigadier General con grupos al margen de la ley y narcotraficantes”, señala la ponencia negativa rendida por el senador Iván Cepeda.El general Luis Eduardo Martínez estaría involucrado en el caso del hacker Sepúlveda. Según investigaciones preliminares de la Fiscalía el oficial estaría involucrado en el tráfico de información a la que tuvo acceso el hacker acusado de espiar a los delegados del gobierno nacional en la mesa de diálogo de La Habana.Ante esos dos hechos, Cepeda manifestó: “Existen diferentes investigaciones relacionadas con el Brigadier General de la Policía Nacional, Luis Eduardo Martínez, que hasta no ser debidamente investigadas y establecida su responsabilidad por parte de las autoridades competentes, la Comisión Segunda no debería aprobar su ascenso a Mayor General, dejándolo congelado hasta que las autoridades no tomen la decisión que permita aprobar este ascenso”.Falsos positivos
Otro de los generales en la lista de ascensos es Marco Lino Tamayo. Sobre él se tienen investigaciones por falsos positivos y en la última semana se conocieron quejas de los fiscales encargados de las investigaciones por las dilaciones y obstáculos que la defensa del general está realizando de manera sistemática para no llegar a la verdad sobre la responsabilidad que tendrían sus actuaciones en los falsos positivos del departamento de Norte de Santander. Marcolino es recordado como el general que enfrentó a los campesinos del Catatumbo en el paro agrario de 2013. Allí por cuenta de los enfrentamientos y la reacción de la fuerza pública murieron tres labriegos después de recibir impactos de proyectil de armas largas, las mismas que utiliza el Ejército en la zona.Chuzadas
Mauricio Zúñiga Campo es general del Ejército especialista en inteligencia. En 2011 fue ascendido a general y era el director de la oficina de inteligencia de esa institución, CITEC hasta que estalló el escándalo de interceptaciones a comunicaciones a miembros de la oposición y los delegados del gobierno nacional en la mesa de negociaciones de La Habana, en la operación denominada Andrómeda. Zúñiga fue retirado del cargo y sometido a una investigación militar y judicial a cargo de la Fiscalía General de la Nación desde el 23 de enero de 2014 que se conocieron los hechos. No ha sido condenado pero tampoco se ha cerrado la investigación y sin embargo fue elegido para ascender a Brigadier Mayor.Masacre de Santodomingo
Otro de los nombres cuestionados es el del coronel Sergio Garzón, quien estuvo a cargo del operativo de la Fuerza Aérea el13 de diciembre de 1998, en el conocido bombardeo al caserío de Santo Domingo en Tame, Arauca. Tal operación causó la muerte de 17 campesinos. La acción la preparó y planeó la Fuerza Aérea en un supuesto operativo contra uno de los frentes de las FARC que actúan en la zona. El coronel Garzón, fue llamado por la Fiscalía General de la Nación y compareció en el año 2011 cuando ejercía labores de agregado militar en Francia a donde había sido enviado por el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Hoy el coronel no ha sido absuelto y continua la investigación por la masacre.El silencio ministerial
A pesar de que las Naciones Unidas han solicitado, de manera reiterada, al Estado colombiano separar o suspender a militares involucrados en juzgamiento o investigaciones por violaciones de los derechos humanos, crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, para evitar incurrir en obstrucciones a las investigaciones o desviaciones que puedan llevar cada uno de esos casos a la impunidad; el ministerio de Defensa respaldó a los oficiales ascendidos y en especial al general Martínez.Cepeda señala que el gobierno nacional y el mismo Congreso de la República, deben tomar medidas concretas para evitar que un militar comprometido con posibles delitos, use un mayor cargo y mayor poder operativo y funcional, para profundizar la acción delictiva y poner en riesgo a la ciudadanía.Al cierre de esta edición el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas radicaba en la Comisión Segunda el aplazamiento del ascenso del general Martínez y se espera que la decisión quede congelada para la próxima legislatura. Al terminar el año se llevará a cabo la ceremonia de ascenso de los demás 38 altos oficiales que harán parte de la cúpula castrense que deberá estar comprometida con la firma de los eventuales acuerdos de paz de La Habana.
Con información de Semanariovoz
