Comité de Víctimas de la Guarimba dice que Ley de Amnistía violaría DD HH

Nota de Prensa).- Representantes de 70 organizaciones y movimientos de derechos humanos que hacen vida en el país, agrupados a partir de ahora en una Comunidad de Organizaciones por la Defensa de la Democracia y los DDHH señalaron este sábado en una rueda de prensa que una Ley de Amnistía constituiría una flagrante violación de los derechos humanos de las víctimas.

La presidenta de la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social (Fundalatin), y vocera de las organizaciones, María Eugenia Russián, manifestó su rechazo a cualquier iniciativa legislativa que promueva la impunidad.

“Una ley de amnistía que vaya en detrimento de la justicia y la dignidad de las víctimas constituiría un acto de violación a los derechos humanos, contrario al estado Social de Derecho y Justicia imperante constitucionalmente en Venezuela”, recalcó.

Asimismo, señaló que las organizaciones firmaron un comunicado en el que exponen los efectos perjudiciales que tendría para la democracia venezolana la aprobación de cualquier instrumento normativo que atente contra la búsqueda de justicia y verdad en torno a los diversos acontecimientos ocurridos a partir del año 2002, en los cuales actores políticos de oposición arremetieron contra la institucionalidad y generaron un alto número de víctimas y cuantiosos daños a la nación.

Las organizaciones solicitaron al presidente de la República, Nicolás Maduro, que mediante Ley Habilitante se cree una Comisión por la Justicia y la Verdad con la participación de los Poderes Públicos y las víctimas, para estudiar cada uno de los casos de estos hechos violentos. También ratificaron que de ser aprobada una Ley de Amnistía se estaría protegiendo y beneficiando a los responsables de numerosos asesinatos y actos contra la integridad personal.

De igual forma, las organizaciones denunciaron la manipulación de las grandes corporaciones mediáticas, nacionales e internacionales, que buscan contribuir a generar matrices de opinión engañosas al afirmar que existen en Venezuela “presos de conciencia” y ocultando las responsabilidades civiles y penales de dichos privados de libertad, a quienes se les ha garantizado el debido proceso.

Igualmente, hicieron un llamado a la próxima Asamblea Nacional a no promover la impunidad y el olvido. “Una Ley de Amnistía los equipararía a los Congresos Legislativos de América Latina que en el Siglo XX obedecieron y encubrieron a violadores de derechos humanos, y que aún lo hacen en diversos países, para vergüenza y oprobio de los pueblos que los eligieron”, indicó Russián.

Finalmente, manifestaron que han recibido el respaldo de 97 organizaciones de derechos humanos internacionales, que han mostrado toda su solidaridad especialmente con las víctimas que han vivido en Venezuela los hechos de violencia organizados e implementados por sectores políticos de oposición.

LEA AQUÍ EL COMUNICADO COMPLETO:

COMUNIDAD DE ORGANIZACIONES POR LA DEFENSA DE LA DEMOCRACIA Y LOS DERECHOS HUMANOS

Las organizaciones y activistas de Derechos Humanos firmantes, con ocasión a las declaraciones formuladas por los Diputados Electos de la fracción Política de la Mesa de Unidad (MUD), en relación con la iniciativa para aprobar una amnistía general que beneficie a todos aquellos sujetos involucrados en los hechos de violencia política y terrorismo, y ecocidio acontecidos en los últimos 13 años, expresamos públicamente lo siguiente: Luego de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015, pese a todos los anuncios de las transnacionales de los medios de comunicación y candidatos a diputados de la MUD dirigidos a deslegitimar al Consejo Nacional Electoral1, donde denunciaban reiteradamente y por adelantado un posible fraude, con amenazas en cuanto a que si los resultados electorales no beneficiaban a la oposición, desconocerían la voluntad del Soberano. Muy a su pesar, el Pueblo de Venezuela y las Instituciones del Estado reiteraron su actitud cívica y democrática ante los resultados de los comicios electorales para el periodo 2016-2021 de la Asamblea Nacional.

Sin embargo diputados de oposición electos a la Asamblea Nacional han manifestado a través de los distintos medios de comunicación la intención de aprobar una ley de amnistía2 para beneficiar a los responsables del golpe de estado del año 2002, del paro sabotaje petrolero del año 2002-2003, en distintos hechos de violencia de raíz política ocurridos en los años posteriores y en los cruentos acontecimientos que se generaron en el 2013 y 2014, dejando como resultado 52 fallecidos y mas de 870 heridos. En caso de aprobarse semejante norma, se propiciaría un clima de tensión, enfrentamiento e impunidad frente a las victimas, que pondría en tela de juicio la voluntad de justicia y respeto a la Constitución de sus promotores y de quienes pudiesen aprobarla con su voto.

En tal sentido las personalidades y organizaciones firmantes, rechazamos cualquier iniciativa legislativa que promueva la impunidad ante evidentes violaciones a los derechos humanos. Una ley de amnistía que vaya en detrimento de la justicia y la dignidad de las victimas constituiría un acto de violación a los derechos humanos, contrario al estado Social de Derecho y Justicia imperante constitucionalmente en Venezuela.

De igual modo, convocamos a los poderes públicos nacionales y a las víctimas para aprobar un mandato ampliado a la Comisión por la Justicia y la Verdad, a fin de que estudie y valore cada uno de los casos que se plantean para el beneficio de la amnistía, a los fines de no propiciar impunidad, sino ejercer justicia para construir la paz en Venezuela.

Diversos antecedentes en la región recuerdan las tristes consecuencias de las leyes de amnistía y punto final, como promotoras de la impunidad y el ocultamiento de la verdad. Entre ellos la Ley de Amnistía de 1978 dictada por Pinochet, aún vigente, para proteger del procesamiento judicial a aquellas personas sospechosas de haber cometido violaciones de derechos humanos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, que dejaron más de 3.000 víctimas de homicidio o desaparición y más de 38.000 detenidas arbitrariamente y torturadas.

En Argentina la Ley 23.492 promulgada el 24 de diciembre de 1986 y a la Ley 23.521 promulgada el 8 de junio de 1987, conocidas como de Obediencia Debida y Punto Final, “eran violatorias de la Convención Americana. De manera específica se menciona que la sanción y aplicación de esas leyes violaban, entre otros, el derecho de protección judicial, consagrado en el artículo 25, así como las garantías judiciales consagradas en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos”4.

“El 27 de abril de 1991 se firmó en México un acuerdo entre el Gobierno de El Salvador y el FMLN que creó la Comisión de la Verdad. Esta tenía como objetivo “investigar los graves hechos de violencia ocurridos desde 1980, cuya huella sobre la sociedad reclama con mayor urgencia el conocimiento público de la verdad. Cuando la Comisión de la Verdad hiciera público el informe titulado “De la locura a la esperanza”, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Amnistía para la Consolidación de la Paz (Decreto n.° 486), …El secretario general de la ONU, Kofi Annan, resume así el significado de dicha ley: “La celeridad con que esta ley se aprobó en la Asamblea Legislativa puso de manifiesto la falta de voluntad política de investigar y llegar a la verdad mediante medidas judiciales y castigar a los culpables”4.

Por todo lo ante expuesto, los abajo firmantes:

Solicitamos al Ciudadano Presidente Nicolás Maduro, que mediante Ley Habilitante se cree una Comisión por la Justicia y la Verdad con la participación a los poderes públicos nacionales y a las víctimas a fin de que estudie y valore cada uno de los casos de los hechos violentos ya mencionado y de los cuales los responsables están solicitando el beneficio de la amnistía, a los fines de no propiciar impunidad, sino ejercer justicia para construir la paz en Venezuela.
Reiteramos nuestro compromiso con la protección a las victimas y el llamado a los órganos de justicia para que administren esta con probidad y se sancionen penalmente a los responsables.
Hacemos un llamado a la próxima Asamblea Nacional, a no constituir un eslabón de IMPUNIDAD, ya que el solo hecho de pretender promulgar una Ley de Amnistía en casos de evidente vulneración de derechos humanos los equipararía a los Congresos Legislativos de América Latina que obedecieron o encubrieron a violadores de los Derechos Humanos, para vergüenza y oprobio de los pueblos que les eligieron.

Denunciamos, la manipulación de las transnacionales de los medios de comunicación, por contribuir a generar matrices de opinión engañosas al afirmar que existen en Venezuela “presos de conciencia” y ocultando las responsabilidades civiles y penales de cada uno de dichos privados de libertad, a quienes se les ha garantizado el debido proceso.
Manifestamos nuestra solidaridad con los ciudadanos y ciudadanas víctimas de la impunidad en América Latina y otras regiones del mundo, por parte de gobiernos antidemocráticos violadores de derechos humanos que han dictados leyes en beneficio de responsables de graves hechos de violencia contra la población.

Solicitamos el apoyo y la solidaridad a todas las organizaciones de Derechos Humanos progresistas en el Mundo para difundir este mensaje; en especial a las víctimas de la región que vivieron estos tristes episodios de impunidad mediante la configuración y la mala interpretación de la esencia de las leyes de amnistía. Recordamos así el clamor del siempre presente Padre Juan Vives: La Paz es fruto de la Justicia y de la defensa de los derechos humanos