El Ministerio de Trabajo incluyó 88 nuevas empresas en la lista publicada hoy, en el que ha sido el mayor aumento desde que se comenzó a elaborar en 2003, según un comunicado.
La relación es actualizada semestralmente y hoy se excluyeron definitivamente de ella a catorce compañías que han mejorado sus prácticas y a una decimoquinta, de forma temporal, por decisión judicial.
A los integrantes de la lista negra se les somete a cuantiosas multas, se les veta el acceso a las líneas de crédito de los bancos públicos y se les prohíbe vender su producción a organismos oficiales.
El Gobierno mantiene a las empresas en la relación por un mínimo de dos años y, para borrar su nombre, los interesados deben pagar las multas correspondientes y demostrar que han corregido las irregularidades.
Entre las 220 empresas explotadoras de mano de obra esclava figuran principalmente haciendas, ingenios azucareros, además de carbonerías, madereras, constructoras y de la industria textil, entre otras.
Las haciendas que acaban en la lista negra suelen ser acusadas de explotar a sus trabajadores con horarios excesivos, pagas inferiores al salario mínimo y pésimas condiciones de seguridad, higiene y alojamiento.
En muchos casos los trabajadores contraen deudas abusivas con los empleadores por el transporte desde sus ciudades de origen hasta las haciendas o por el alquiler del alojamiento, cuya cuantía puede superar incluso el salario que perciben.
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