El Gobierno español dio ayer un paso más en su ruptura con el régimen de Gadafi al decidir la expulsión del embajador libio en Madrid, Ajeli Abdusalam Ali Breni, y de otros tres diplomáticos libios acreditados en España, por “actividades incompatibles con su estatus diplomático”, El director general de Política Exterior, Alfonso Lucini, convocó a Ali Breni para comunicarle que tanto él como los otros tres expulsados tienen diez días para abandonar el país, ya que representan a un régimen que ha perdido “toda legitimidad por la continua represión que viene ejerciendo sobre la población libia”. Fuentes diplomáticas explicaron que la embajada libia en Madrid tiene más personal diplomático acreditado, pero la expulsión solo se ha decretado contra los se han significado por su lealtad a Gadafi.
Las mismas fuentes consideraron que se trata de un “paso lógico” después de que la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, que visitó la semana pasada la capital rebelde, Bengasi, calificara al Consejo Nacional de Transición (CNT) como “el representante legítimo del pueblo libio”. Eso no significa, agregaron, que España vaya a sustituir al embajador expulsado por un representante del CNT, ya que este no lo ha solicitado y existen otros canales de comunicación con el Gobierno de Bengasi, donde España tiene como enviado especial al diplomático José Riera.
El pasado 20 de mayo, coincidiendo con el regreso a Madrid del fotoperiodista Manu Brabo, retenido durante 43 días por el régimen de Gadafi, el Gobierno destituyó a su embajador en Trípoli, Luis García Cerezo, y decidió dejar la plaza vacante. Siguen, sin embargo, acreditados ante Gadafi, aunque hayan regresado a Madrid, los restantes diplomáticos españoles, incluido el número dos de la embajada en Trípoli, Diego Ruiz. La sede de la delegación española, que permanece a cargo de personal local, fue asaltada el martes por la noche por unos desconocidos, que solo causaron algunos daños materiales en la garita del vigilante y se dieron a la fuga cuando llegó la policía.
Gustavo de Arístegui, portavoz del PP en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, expresó el apoyo de su partido a la expulsión del embajador y solo lamentó que no se hubiera producido antes, ya que mantenerlo era incoherente con la posición española en el conflicto.
La expulsión de los cuatro diplomáticos libios se produjo horas después de que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, reiterase al secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, que España mantendrá su contribución a la intervención militar aliada en Libia “hasta el fin de la misión”, según indicaron fuentes de La Moncloa. Zapatero matizó que la contribución española se mantendrá “en el formato actual”; es decir, con cuatro cazas F-18, dos aviones de reabastecimiento, uno de patrulla marítima, una fragata y un submarino, con unos 500 militares en total, pero limitados a tareas de vigilancia de la zona de exclusión aérea y del embargo naval y sin participar en ataques contra objetivos terrestres, como han reclamado el secretario de Defensa de Estados Unidos, Robert Gates, y el propio Rasmussen.
Las ministras de Asuntos Exteriores y Defensa, Trinidad Jiménez y Carmen Chacón, acudirán el próximo lunes al Congreso para pedir la prórroga indefinida de la participación española. De momento, la OTAN ha ampliado su misión por 90 días, hasta finales de septiembre. Chacón insistió en que deben cumplirse los objetivos, que pasan por el fin de los ataques a la población civil, el levantamiento del cerco a las ciudades y la retirada de las tropas de Gadafi a los cuarteles, para dar paso a una solución política que pasa por la salida del líder libio.
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