Estados Unidos anunció hoy que exigirá a las tiendas de armas en cuatro estados de la frontera con México que den información sobre los compradores de rifles de gran potencia, con el fin de llegar a las bandas criminales que los adquieren.
El fiscal general adjunto, James Cole, indicó que la exigencia afectará a "ciertos tipos de rifles semiautomáticos, de un calibre superior al .22 y compatibles con una recámara desmontable".
Ese tipo de armas, añadió Cole en un comunicado, son "altamente buscadas por las organizaciones peligrosas de narcotráfico y se encuentran a menudo en las escenas de crímenes violentos cerca de la frontera del suroeste".
El Departamento de Justicia pretende así reforzar la vigilancia sobre las armas que circulan ilegalmente desde Estados Unidos a México tras reconocer el fracaso de la Operación "Rápido y Furioso", en la que las autoridades estadounidenses permitieron la entrada ilegal de armas en México para llegar a los carteles de narcotraficantes.
La medida se aplicará "sólo a las ventas múltiples" de esos tipos de rifles a la misma persona durante un periodo de cinco días, precisó la agencia.
Los puntos de venta de armas de Arizona, California, Nuevo México y Texas estarán obligados a transmitir esa información a la Oficina de Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).
La ATF ampliará así su "capacidad para detectar y acabar con las redes de tráfico ilegal de armas responsables de desviar la venta de armas del comercio legal a las organizaciones criminales", indicó Cole.
La tensión en el Congreso estadounidense sobre la venta ilegal de armas a México se acentuó el mes pasado, cuando los legisladores recibieron un informe que declaraba fallido el operativo "Rápido y Furioso", en el que Estados Unidos perdió el rastro a unas 2.000 armas.
El revuelo llevó al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a asegurar que su Gobierno "tomará una acción apropiada" cuando se complete la investigación sobre el operativo, abierta a petición del Congreso a raíz del informe.
El senador republicano por Iowa, Charles Grassley, y otros líderes del Congreso han exigido cuentas a ATF y han solicitado la entrega de documentos relacionados con la operación.
Un arma estadounidense vendida en Texas fue la utilizada por presuntos sicarios mexicanos para asesinar al agente de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) Jaime Zapata el 15 de febrero pasado en el estado mexicano de San Luis Potosí. Un segundo agente de ICE resultó herido.
EFE
Mónica Ugarte Loayza
