(EFE).- El Gobierno del presidente Barack Obama está incumpliendo las obligaciones internacionales de Estados Unidos porque no ha investigado al expresidente George W. Bush por supuestas torturas, según señaló hoy Human Rights Watch (HRW).
La organización no gubernamental defensora de los derechos humanos divulgó un extenso informe acerca de las denuncias de detenidos, supuestos terroristas, sobre los malos tratos “autorizados por el presidente Bush y otros funcionarios”, según el documento.
“El Gobierno de Obama no ha cumplido con las obligaciones de EE UU bajo la Convención contra la Tortura, porque no ha investigado los actos de tortura y otros malos tratos de los detenidos”, afirma HRW en un comunicado.
El documento de 107 páginas -titulado “Tortura impune: el gobierno de Bush y el mal trato a los detenidos”- contiene lo que el grupo califica como “información sustancial que amerita la investigación criminal de Bush y otros funcionarios de su Gobierno, incluidos el exvicepresidente Dick Cheney, el exjefe del Pentágono, Donald Rumsfeld, y el exdirector de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), George Tenet”.
Según HRW, estos funcionarios ordenaron prácticas tales como “el submarino” -un procedimiento por el cual, con agua, se lleva al cautivo al borde de la asfixia-, el uso de prisiones secretas de la CIA y la transferencia de detenidos a países donde fueron torturados”.
Ya en 2005 HRW había presentado un documento en el cual formulaba acusaciones similares contra esos funcionarios y contra el teniente general Ricardo Sánchez, del Ejército de EE UU, quien había sido comandante en Irak, y el exgeneral Geoffrey Miller, excomandante militar de la prisión estadounidense en Guantánamo (Cuba).
Según el director ejecutivo de HRW, Kenneth Roth, “hay razones sólidas para investigar a Bush, Cheney y Tenet porque autorizaron la tortura y crímenes de guerra”.
Por su parte, “el presidente Obama ha tratado la tortura como una selección desafortunada de procedimientos más que como un delito (y) su decisión de poner fin a las prácticas abusivas de interrogatorio seguirá siendo reversible a menos que se restablezca la prohibición de la tortura”.
En agosto de 2009 el secretario de Justicia, Eric Holder, asignó a su subordinado inmediato John Durham la investigación de los abusos de detenidos pero limitó la pesquisa a los “actos no autorizados”.
Dado que los abogados del Departamento de Justicia y del Pentágono en el Gobierno de Bush habían autorizado el “submarino” y otros métodos de interrogatorio, esos actos quedaron fuera de la investigación.
“El desprecio del Gobierno de Estados Unidos por los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo en los años que siguieron a los ataques del 11 de septiembre de 2001 disminuyó la posición moral de EE UU, dio un ejemplo negativo a otros gobiernos y socavó los esfuerzos para reducir la militancia antiestadounidense en todo el mundo”, según este grupo.
“El uso de torturas, las desapariciones forzadas y las prisiones secretas de la CIA fueron ilegales, inmorales y contraproducentes”, añade HRW.
El grupo de derechos humanos instó a la creación de una comisión independiente, no partidista, y argumentó que “Estados Unidos y el mundo entero merecen una rendición plena y pública de cuentas acerca de la escala de los abusos que siguieron a los ataques del 11 de septiembre”.
