Geir Lippestad, el abogado de Anders Behring Breivik, tiene por delante la difícil tarea de defender a un hombre que se ha declarado autor de la mayor y más sangrienta tragedia vivida en Noruega. Así que su estrategia para evitar que su defendido vaya a la cárcel no puede ser otra que la de intentar convencer al jurado de que su defendido está loco. "Todavía hay que esperar a los informes psiquiátricos, pero en este caso todo parece indicar que el acusado es un enfermo mental",ha dicho hoy el abogado.
Lippestad, de 47 años, se ha presentado ante los medios de comunicación con traje gris, maletín de piel y una habilidad pasmosa para esquivar preguntas. "No lo sé", "no haré comentarios", "no puedo informar sobre eso", ha repitido como si tuviera un resorte en la mayoría de las ocasiones.
Pese a todo, el letrado sí ha proporcionado algunos detalles de la conversación que había tenido con su cliente. Lippestad ha contado que Behring tomó drogas antes de la masacre para sentirse "fuerte, eficiente y despierto". Le ha descrito como una persona "muy fría" aunque bastante "habladora" que vive en una burbuja y que se siente orgulloso de haber empezado una guerra, una nueva cruzada, que tendrá lugar en los próximos 60 años y que será continuada por dos células en Noruega y otras en el extranjero que están preparadas para actuar.
El abogado ha asegurado también que Breivik dice estar muy sorprendido del éxito de su plan, de que la policía no le matara durante el ataque en la isla de Utoya o de que nadie lo intentase el lunes mientras era llevado al juzgado para declarar ante el juez que instruye el caso.
Lippestad no ha ocultado las dificultades que entraña el caso, especialmente para él, un miembro del Partido Laborista, el objetivo de los atentados. Pero a pesar de que fueran atacadas las oficinas del Gobierno y los jóvenes laboristas que acampaban en la isla de Utoya (76 muertos en total), el abogado ha asegurado que tenía el deber de defender a Breivik. "Es mi trabajo. Y lo haré porque creo en el sistema democrático", ha dicho Lippestad, que ha reconocido haber tardado en tomar la decisión, que ha consultado con amigos y familiares.
No es la primera vez que se enfrenta a un caso incómodo. En el pasado defendió a un extremista de derechas que mató en 2001 a un adolescente africano-noruego de 15 años llamado Benjamin Hermansen y que fue condenado a 17 años de prisión. En cualquier caso, el letrado ha dejado la puerta abierta a su renuncia. "Si mi cliente no acepta someterse al examen de los psiquiatras, lo dejo".
Yngve Ystad, un psiquiatra forense y asesor de la policía entrevistado por la agencia Reuters, ha declarado que son pocas las posibilidades de que Breivik sea considerado un loco. "Es muy arriesgado hacer predicciones en este caso", ha dicho, "pero no creo que le declaren enfermo mental. Planeó el crimen durante mucho tiempo. Y no ha sufrido alucinaciones o alteraciones graves". Ystad ha añadido que una persona bajo los efectos de las drogas es totalmente responsable de sus actos, según las leyes noruegas.
Mientras el caso se adentra en los tribunales, la policía de Oslo prosigue la investigación. Las pesquisas se basan fundamentalmente en el libro escrito por Breivik, 2083: Una declaración de independencia europea, sobre todo en la última parte, un diario donde el terrorista relató su macabro plan. La policía investiga los contactos del acusado con varios países, especialmente aquellos que le sirvieron para comprar algunos de los componentes que utilizó en la elaboración de los explosivos y en el tratamiento que supuestamente le dio a las balas dum dum que utilizó contra los jóvenes de Utoya.
Según el citado diario, el terrorista compró 50 ml de nicotina líquida a un proveedor chino que inyectó a los proyectiles para asegurarse de que sus víctimas muriesen. La otra pista lleva a Polonia, en donde adquirió los fertilizantes utilizados en la preparación de la bomba. Según la directora de la Agencia de Seguridad de la Policía, Janne Kristiansen, el nombre de Anders Behring Breivik estaba en una lista de aduanas por haber transferido 120 coronas (15 euros) a una compañía polaca como pago de los fertilizantes y otros productos químicos. Nunca antes había tenido problemas con la ley, así que no se le investigó.
Las críticas sobre la investigación policial persisten. Los jefes de la policía han vuelto a insistir en que no pudieron llegar a la isla para detener la masacre porque solo tienen un helicóptero y no tiene capacidad suficiente para transportar a las fuerzas especiales y todo el equipo que necesitan para actuar.
