La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, propuso la creación de una “Comisión Interinstitucional” que se encargue de analizar la situación de los reclusos que presenten problemas graves de salud y que requieran cuidados médicos especiales, a fin de que se les otorguen las medidas cautelares de libertad para garantizarles el acceso pleno a la salud.
El Ministerio Público realiza esta propuesta como garante de la legalidad del Estado venezolano, que propugna los más altos principios humanitarios, pero también como parte de buena fe y apegado a los principios y propósitos constitucionales, especialmente al respeto a los derechos a la salud y a la vida.
Para el Ministerio Público la defensa y respeto a los derechos humanos constituye un valor esencial en sus actuaciones; por ello, es de su máximo interés abocarse, en conjunto con los demás entes del Estado, al estudio exhaustivo de los casos de ciudadanos privados de libertad que padecen de enfermedades graves, ello de acuerdo con el Código Orgánico Procesal Penal en sus artículos 256, que contempla las modalidades de las medidas cautelares sustitutivas, y el 502, referido a la medida humanitaria de libertad condicional.
La referida Comisión Interinstitucional podría ordenar la realización de exámenes médicos a privados de libertad y apoyarse en expertos de la medicina para analizar los diversos casos.
El Ministerio Público acogerá también las experiencias previas en cuanto a medidas similares aplicadas con anterioridad.
Vía prensa Ministerio Público
