(EFE).- El presidente de la Asociación de Inmuebles Urbanos (Apiur), Roberto Orta, denunció hoy que la Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, aprobada por decreto presidencial en mayo, “ha paralizado 40.000 juicios” relacionados con vivienda en Venezuela.
La Ley “viola flagrantemente principios constitucionales de nuestra Carta Magna”, aseguró Orta en una rueda de prensa, al anunciar la presentación de un recurso de nulidad por la supuesta incostitucionalidad de esa norma.
Esa ley, publicada el pasado 6 de mayo, “ha fomentado -afirmó Orta- la morosidad y otros incumplimientos por parte de los inquilinos a nivel nacional en perjuicio de los propietarios de la clase media y de los barrios de Venezuela”.
En este sentido, destacó que sólo en la capital venezolana hay, al menos, 155 edificios invadidos a los que se ha de sumar apartamentos individuales, aunque aclaró que no es una estadística exacta.
Orta también indicó que la instrucción del Tribunal Supremo emitida en enero para que los jueces limitaran las medidas de desalojo en inmuebles destinados a vivienda familiar hizo que los juicios abiertos desde entonces se paralizaran en un 80 %, aunque no dio el número exacto ni explicó la fundamentación de la cifra.
El abogado adelantó que mañana Apiur participará en la discusión que la Asamblea Nacional mantiene sobre el proyecto de ley de regularización y control de arrendamientos de viviendas.
Agregó que la regulación del Estado sobre los precios del terreno y las construcciones que introduce la nueva ley de arrendamientos no tiene en cuenta la alta inflación venezolana, el valor de la adquisición del inmueble ni el tipo de construcción.
“No nos oponemos a que el Estado regule el arrendamiento (…) pero no lo puede hacer a los extremos de que el propietario no pueda cubrir el gasto”, insistió Orta.
En este sentido, recalcó que el Estado también tiene que defender el derecho a la propiedad porque, dijo, “los propietarios también son venezolanos“.
