(EFE).- La banda criminal Águilas Negras amenazó de muerte a los dirigentes de tres organizaciones no gubernamentales (ONG) de defensa de los derechos humanos que trabajan con víctimas del conflicto armado en Colombia, denunciaron hoy esas asociaciones.
Las amenazas aparecen en un panfleto que el llamado Bloque Urabá Antioqueño de las Águilas Negras hizo llegar a la sede nacional de la Red Nacional de Iniciativas por la Paz y contra la Guerra (Redepaz) en la capital colombiana.
Además de Redepaz, el grupo ilegal amenaza a los líderes de la Asociación de Víctimas para la Restitución de Tierras y Bienes (Asovirestibi) y la Fundación Humanitaria Nuevo Amanecer (Funumana).
“Les declaramos la guerra directa y frontal con el objetivo de exterminar a estas organizaciones y a sus dirigentes”, dice el panfleto, que identifica entre los amenazados a Ana Teresa Bernal y Luis Emil Zanabria, de Redepaz; Carmen Palencia y Gerardo Vega, de Asovirestibi, y Jesús Mario Orozco, de Funumana.
Zanabria, que es uno de los presidentes colegiados de Redepaz, dijo que el caso fue puesto hoy en conocimiento de los servicios de inteligencia de la Policía Nacional.
“Fue en una reunión preliminar con la policía, para algunas medidas de seguridad, y a lo largo del día iremos a la Fiscalía General y a los Ministerios del Interior y Agricultura”, agregó el activista.
El objetivo es “evaluar no sólo la situación de los dirigentes que aparecemos en las amenazas, sino en el contexto en el que se dan estas amenazas”, agregó, al advertir de que “el país avanza hacia la paz y el estado social de derecho, o se queda en la barbarie y el ostracismo de los paramilitares y narcotraficantes“.
Zanabria consideró que estas amenazas “hacen parte de toda la acción de los grupos delincuenciales que se han apropiado ilegalmente de las tierras de los campesinos de este país y hoy ven en riesgo su posesión ilegal a causa de que los campesinos organizados las están reclamando, con el acompañamiento de ONG”.
Las ONG que acompañan a los desplazados y reclamantes de tierras tienen documentados los homicidios de más de sesenta desplazados forzosos por el conflicto, sólo desde 2005.
El reducto que suscribe la amenaza de exterminio actúa en Urabá, región agroindustrial del departamento de Antioquia (noroeste), en la que el Gobierno ha descubierto una apropiación irregular masiva de tierras.
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, denunció el pasado 25 de agosto que una revisión preliminar de transacciones de tierras en Urabá permitió establecer que “grandes terratenientes” se hicieron de manera irregular con 41.790 hectáreas de predios rurales.
Una gran parte de esas transacciones fueron mediadas por la prófuga Sor Teresa Gómez, perteneciente a la familia Castaño, una de de las fundadoras de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), según una investigación gubernamental.
Esta organización se disolvió en 2006 tras el desarme de más de 31.000 paramilitares; desmovilización que abrió paso a grupos como el de las Águilas Negras, a los que el Gobierno ha dado el nombre genérico de bandas criminales (bacrim).
