Los integrantes de la Comisión que revisa y elabora el Proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley Contra la Corrupción estiman que el mismo será aprobado –en segunda discusión- para principios del mes de noviembre.
La referida reforma establece que todo funcionario o funcionaria deben rendir cuentas sobre los gastos representativos que hayan recibido del ente, para el cual laboran, a fin de realizar gestiones inherentes a sus funciones fuera del ámbito laboral.
La información la suministró este martes, el diputado Héctor Navarro (Psuv/Miranda) presidente de la Comisión Permanente de Contraloría, quien adelantó que, en la actualidad, el equipo técnico de la referida instancia legislativa trabajan en el ensamblaje de las distintas ideas, propuestas y sugerencias expresadas por los ciudadanos en las jornadas de las consultas públicas para la elaboración del informe definitivo, para los efectos de su segunda discusión ante el seno de la Plenaria de la Asamblea Nacional.
“Estamos avanzando, a buen ritmo, en la redacción de esta Reforma Parcial de la Ley Contra la Corrupción que representa una innovación que, según especialistas internacionales, nos coloca a la altura de las leyes del mundo, en materia de lucha contra la corrupción”, enfatizó Navarro, durante el programa Asamblea Viva, transmitido por (Antv).
El proyecto establece que se exigirá a las unidades administrativas y financieras comunitarias de los consejos comunales que rindan cuenta de los recursos públicos asignados o administrados, semestralmente, a los órganos o entes del Poder Público y será el Contralor General de la República quien reglamentará la rendición de esas cuentas.
Dentro de las novedades se estipula que los funcionarios públicos señalados en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y en el Sistema Nacional de Control Fiscal, deberán rendir cuentas de los bienes y recursos públicos que administren de conformidad con la presente normativa.
Además, la Ley incrementará el monto y las sanciones, las cuales van desde el tipo monetaria o pecuniarias hasta condenas de cárcel que se aplicarán al funcionario público que incurra en hechos de corrupción comprobados.
Vía Asamblea
