La paralización de todos los servicios del área de la salud en el Zulia, dependientes del Nuevo Modelo de Gestión que en esa materia ejecuta el Gobierno regional, tiene su tiempo contado. Se espera que en quince días se registre un caos laboral entre los médicos, enfermeras, técnicos y demás profesionales del área, porque el dinero necesario para pagarles sueldos y salarios forma parte de los recursos embargados por el Tribunal de la causa, representado por la jueza Gloria Urdaneta de Montanari.
Así lo confirmó este domingo la secretaria de Administración y Finanzas del Ejecutivo zuliano, Zulay Medina, durante una rueda de prensa ofrecida desde el Palacio de Gobierno. Precisó que en los 85 millardos de bolívares retenidos, se encuentran los 43 millardos presupuestados para el pago de los citados servicios profesionales.
Lo único que puede evitar que eso ocurra es que se levante la medida judicial sobre los fondos retenidos, y eso depende del nivel de conciencia y del apego a la legalidad y a la justicia de la jueza que tomó la medida, explicó Medina, quien recordó que también está comprometido el pago de los obreros de las distintas escuelas del estado.
Recordó, asimismo, que está en juego la cancelación de la segunda parte de los aguinaldos que se le resta a los 51 mil 800 trabajadores de la Gobernación, así como los de los trabajadores del Consejo Legislativo del estado Zulia (Clez) porque en del crédito adicional afectado saldría para dicho concepto dos millones 500 mil bolívares, además de tres millones para la Contraloría General del estado Zulia.
A esos casos se suma la posible pérdida del trimestre de 35 mil jóvenes becados, la imposibilidad de pago de pensiones a diez mil personas y la culminación de la entrega de alimentos a 350 mil niños en edad escolar que son favorecidos por el Programa Alimentario Escolar del Zulia (Paez), en los planteles estadales y Hogares de Cuidado Diario
En conclusión, la medida de la jueza Gloria Urdaneta ha afectado todo el presupuesto del estado Zulia, lo cual podría arrastrar a la administración pública regional hacia una especie de hecatombe que terminará afectando a todos los empleados fijos y contratados, obreros, pensionados y jubilados de la Gobernación, y a sus familiares.
Medina hizo esta reflexión y pidió “verdadera justicia” al Poder Judicial zuliano. “Necesitamos que se levante la medida que represa los 85 millardos de bolívares que quedaron”, luego del pago del primer 50% de los aguinaldos, retroactivo de aumento salarial de enero a mayo, diferencias en vacaciones y primera quincena de octubre, explicó la funcionaria.
Medina hizo esta reflexión y pidió “verdadera justicia” al Poder Judicial zuliano. “Necesitamos que se levante la medida que represa los 85 millardos de bolívares que quedaron”, luego del pago del primer 50% de los aguinaldos, retroactivo de aumento salarial de enero a mayo, diferencias en vacaciones y primera quincena de octubre, explicó la funcionaria.
Nuevas amenazas
Previamente, Asdrúbal Quintero, Procurador General del estado Zulia, exhortó a la jueza Urdaneta de Montanari a que “por favor, por cortesía, levante la medida que afectará gravemente la paz laboral del Zulia, así como la continuidad de los programas sociales y servicios adscritos a la Gobernación del Zulia”.
Le recordó a la jueza que “constitucionalmente, las actuaciones acarrean responsabilidades personales”, luego de decir, con prueba en manos, que “fue tan rápida la inconstitucional acción judicial cuando se enteraron que el gobernador Pablo Pérez iba a cancelar el primer 50% de los aguinaldos -ante la amenaza cierta de embargo- que en el documento de la causa existe un delicado error: “En vez de fechar 11 de octubre, día que fue introducida a la acción de demanda a puerta cerrada, o sea, sin despacho, colocan como fecha 11 de noviembre”.
Y peor aún, según el Procurador, es que “además de haber dejado cojeando a la Gobernación, algunos dirigentes políticos del oficialismo ya están hablando de nuevos embargos”.
