En su columna titulada “La gasolina de Eleazar”, publicada en el Diario 2001, el periodista Mario Villegas se refirió a declaraciones de Eleazar Díaz Rangel sobre el subsidio estatal a los precios de la gasolina, el gas y las tarifas de la energía eléctrica.
“Eleazar considera lógico que una oposición seria estudie el tema y formule proposiciones una de las cuales sería el aumento del precio de la gasolina y las tarifas eléctricas”, señaló el periodista.
A continuación, la columna completa:
Con base en cifras de la Agencia Internacional de Energía, mi apreciado colega Eleazar Díaz Rangel habla de las descomunales dimensiones del subsidio estatal a los precios de la gasolina y el gas, así como a las tarifas de la energía eléctrica. Según sus datos, el subsidio a la gasolina alcanzó el año pasado a 15 mil 700 millones de dólares, el del gas a un mil 400 millones y el de la electricidad a 2 mil 850 millones.
Dicho esto, Eleazar considera lógico que una oposición seria estudie el tema y formule proposiciones “una de las cuales sería el aumento del precio de la gasolina y las tarifas eléctricas”.
Curiosa lógica la de mi antiguo profesor en la UCV. Según él, es a la oposición a quien le toca clamar por un aumento de la gasolina y de la electricidad. ¿Habrá olvidado que a quien corresponde gobernar es al gobierno? Si él piensa que esos aumentos son indispensables, pues que lo manifieste abiertamente o le eche un telefonazo y se lo proponga a su paisano que vive en Miraflores, con quien tiene hilo directo y vara alta.
Que el Gobierno tome las medidas que considere debe tomar y que la oposición las evalúe con responsabilidad y patriotismo.
Estamos frente a un gobierno marcadamente populista, audaz para la cháchara demagógica y el despilfarro de los recursos públicos a costa de un inusitado endeudamiento, pero timorato y cobardón a la hora de tomar medidas que puedan representarle un costo político electoral.
De allí que Díaz Rangel prefiera seguir descargando a la oposición y ganar nuevos puntos con el Gobierno, en cuyos archivos todavía guardan su artículo carmonista de abril del 2002.
Breves
En medio de la inseguridad reinante es absurdo que 3 mil 400 efectivos de la antigua Policía Metropolitana lleven más de seis meses cobrando sin trabajar. Estos funcionarios piden ser incorporados a la Policía Nacional o a otros cuerpos pero el Ministerio del Interior y Justicia los mantiene en el limbo, razón por la cual reclaman ser escuchados por el Presidente de la República.
Desde San Carlos de Río Negro, en el Amazonas, denuncian el éxodo de las comunidades autóctonas pese a la publicitada ley de pueblos indígenas. “Los pueblos del Sur se encuentran fantasmas, están solos, la gente se ha ido, ni el ejército se quedó. En Santa Lucía no hay nadie. Los colombianos se metieron en nuestro territorio y se están apoderando de todo. Venga un grupo de periodistas y denuncie que la soberanía se está perdiendo”, me escriben.
Por temor a represalias, trabajadores del Seniat sin militancia partidista se han visto conminados a autorizar descuentos de sus salarios para las finanzas del Partido Socialista Unido de Venezuela. A los coordinadores, la cotización les fue fijada en Bs 100 mensuales, so pena de ser desplazados de sus cargos, y a los funcionarios rasos en Bs 10 mensuales.
A casi un año de la intervención del gobierno a las residencias Plaza Jardín, en las vecindades del Colegio de Ingenieros, en Caracas, el balance para las 400 familias adquirientes es rotundamente negativo. En vez del Estado financiar la culminación de las obras y otorgar créditos a bajos intereses a las presuntas víctimas de estafa inmobiliaria, éstas tendrán que pagar cuotas extras para terminar sus apartamentos.
