Los diputados a la Asamblea Nacional someten a segunda discusión el Proyecto de
Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo,
el cual consta de 98 artículos.
El parlamentario Elvis Amoroso (Psuv),
señaló que desde el sector de la oposición hay quienes defienden y aprueban
acciones de terrorismo.
Indicó que el proyecto contempla una sanción
severa a quien financia el narcotráfico, quien trafica y usa a Venezuela como
área de tránsito para cometer este delito.
El parlamentario Eduardo Gómez
Sigala advirtió que esta ley tiene como propósito mantenerse confusa para
intimidar a la población. "Este proyecto no tiene propósito de sancionar, sino
intimidar, de perseguir a la disidencia. Se viola el principio de legalidad,
proporcionalidad de la pena y se limita el ámbito de actuación e impacto de la
ley", aseveró.
Asimismo, el diputado José España (PJ) advirtió que el
proyecto viola cerca de 20 artículos de la Constitución Nacional, entre ellos
los que contemplan el derecho a la participación, asociación, reunión y debido
proceso. Destacó que en esta ley todos son sospechosos hasta que se demuestre lo
contrario y la calificó de "ley del delator".
El diputado Freddy Bernal
(Psuv) expresó que han tratado de obstaculizar el castigo de los delitos. Afirmó
que si en el artículo 4 no se definen los términos sobre los delitos para el
conocimiento del Ministerio Público, entonces los delincuentes podrán huir de la
pena.
Durante la discusión del artículo 5, el parlamentario Eduardo Gómez
Sigala señaló que el órgano rector de los procesos penales es la Fiscalía
General de la República, pero con esta ley se quiere crear la Oficina Nacional
contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
Sigala
criticó que este organismo asuma una facultad que le corresponde a la Fiscalía y
pase a depender del Ministerio de Interior y Justicia (MIJ). Acotó que en el
artículo 58 de la ley vigente se establecía que el Ministerio Público creara una
Dirección General contra la Delincuencia, pero esto fue eliminado.
El
parlamentario por el Psuv, Andrés Eloy Méndez, indicó que, así como la Oficina
Nacional Antidrogas (ONA) no le restó funciones al Ministerio Público, la
Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al
Terrorismo tampoco lo hará.
"Les preocupa que entreguemos a los
terroristas. La función es prevenir. La Fiscalía no puede prevenir",
advirtió.
La diputada Vestalia Sampedro (Proyecto Venezuela) propuso que
el organismo dependa de la Fiscalía y no del Ejecutivo Nacional.
