Nota de Prensa).- Como una “intromisión y usurpación de atribuciones que le corresponden sólo a las regiones”, calificó el Procurador del estado Carabobo, Leonel Pérez Méndez, la medida tomada por el Ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Tareck El Aissami, en contra de los siete funcionarios policiales que son investigados por el Ejecutivo regional.
“El Ministro, de una manera un tanto ligera e irresponsable, afirma públicamente que el despacho a su cargo acordó ya, sin fórmula de juicio, una medida preventiva de suspensión de goce de sueldo para siete funcionarios policiales, a quienes identificó con nombre y apellido, señalándolos como responsables por los hechos acontecidos el pasado viernes 17 de agosto en el sector Aragüita del municipio Guacara”, afirmó.
En ese sentido, Pérez Méndez reiteró que “El Aissami violentó la Constitución y la Ley,cuando señaló públicamente y expone al desprecio y al escarnio a los siete funcionarios, identificándolos como culpables de estos hechos, con el riesgo que significa para los mismos esa situación”.
Asimismo, el Procurador reconoció que la Ley de la Función Policial “establece de manera excepcional que el órgano rector puede intervenir en la sustanciación o instrucción de expedientes de este tipo, pero esto es siempre y cuando el órgano competente, en este caso la Comandancia de la Policía de Carabobo, no actúe, omita la apertura del expediente, retrase injustificadamente o no decida cuando le corresponde”.“Estas declaraciones publicas llaman la atención, porque pretenden arrebatar al estado Carabobo la competencia para instruir y sustanciar estos expedientes, y decidir sobre esos procedimientos, en vez de llevarse la causa a Caracas, toda vez que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el Ordinal 4 de su Artículo 164, establece expresamente que la organización policial es una atribución y competencia exclusiva de los estados, aún cuando el estatuto de la Función Policial pudiera eventualmente establecer disposiciones en contrario”, explicó.
En tal orden de ideas, explicó que esta situación no ha sucedido en este caso, porque desde el mismo momento en que sucedieron los hechos, el gobernador Henrique Salas Feo “giró las instrucciones pertinentes para que se comenzara la investigación, por lo que ese expediente se abrió y se está instruyendo de manera objetiva, imparcial y a tiempo, dándole la importancia que este caso amerita para determinar oportunamente las responsabilidades que pudieran surgir de esos hechos”.
Por ello, detalló que como órgano instructor en pleno proceso de investigación, el Ministro está imponiendo un castigo anticipado a los investigados, “porque no sólo los separa del cargo, sino que les suspende el sueldo, es decir, les arrebata la posibilidad que tienen estos funcionarios en ejercicio de su derecho profesional al trabajo, y de llevar el sustento a sus hogares”.“El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y de Justicia, se permite adelantar opinión, prejuzga, emite un juicio anticipado de valor, y dicta de manera ilegal una medida de suspensión de goce de sueldo a los siete funcionarios, y al haberlos identificado, los expone al desprecio y escarnio público, porque desde ya los señala como culpables, aún cuando este tipo de medidas, según la doctrina jurídica más calificada a nivel nacional por la misma naturaleza de ella, las califica como una sanción”, añadió.
“¿Cómo se le garantiza el derecho a la defensa y al debido proceso imparcial, justo y objetivo a estos funcionarios, cuando ya el Ministro Tareck El Aissami, precalificó, adelantó opinión y prejuzgó sobre su responsabilidad, señalándolos públicamente como los culpables de los hechos ocurridos ese día y sin haber visto las pruebas, analizado los testimonios y los distintos videos que existen?”, sentenció.
