El Gobierno balear busca la manera de dar marcha atrás en uno de los principales recortes que anunció el pasado mes de abril: el cierre de dos hospitales públicos de Mallorca.
La medida, incluida en el plan de saneamiento presentado por el presidente José Ramón Bauzá, perseguía el ahorro de 25 millones de euros e implicaba, según los sindicatos, el despido de un millar de trabajadores, además de la desaparición de 195 camas y de las dos unidades públicas de la isla destinadas a los cuidados paliativos para pacientes en fase terminal.
La presión sostenida por parte de las plantillas del Hospital General y el Hospital Joan March ha sido clave para que el consejero del ramo, Antoni Mesquida, se haya replanteado el cierre de estos dos centros secundarios del servicio balear de salud. Tras cuatro meses de manifestaciones, marchas, encierros y protestas ante el Parlamento balear, en las que también participaron usuarios de los centros afectados, Mesquida anunció que estudiará el plan de viabilidad que le presentarán los trabajadores en el plazo de dos semanas. Su intención, afirmó, es evitar la clausura “siempre que el plan presentado sea eficiente, con la calidad máxima y con el coste justo y necesario”. Es decir, siempre que la propuesta alternativa de los trabajadores consiga ahorrar 25 millones de euros.
Las declaraciones de Mesquida han generado una división en el seno del Ejecutivo autonómico. Tras anunciar su cambio de postura, el consejero remarcó que “no echo las culpas a nadie: los que toman decisiones son los que se equivocan, los que no las toman no se equivocan nunca”. Preguntado al respecto, el vicepresidente económico, Josep Ignasi Aguiló, salió al paso con un “ya se verá”. Aguiló recalcó que “el consejero de Salud ha dicho que los trabajadores presentarán un plan de viabilidad. Nada más”. Por su parte, el presidente Bauzá pareció respaldar en público la decisión de su responsable de sanidad: “si es posible mantener abiertos los hospitales y el ahorro se puede producir en otras líneas, lo haremos y, si no, seguiremos con el mismo plan que presentamos hace unos meses”. El portavoz del Ejecutivo, Rafael Bosch, trató de zanjar la cuestión: “no existe ninguna discrepancia sobre el cierre. Ante una decisión tan compleja, Mesquida planteó al presidente que deseaba estudiar a fondo el tema. Pero no se ha aprobado ningún cambio en el plan inicial. No se ha vuelto atrás”. El hecho es que ayer se paralizó el desmantelamiento de los dos hospitales. El traslado de los pacientes, que debía comenzar la semana que viene, ha quedado aplazado sine die.
Los sindicatos, que habían pedido reiteradamente que se reconsiderase la decisión, se felicitaron ayer por la noticia: “es de agradecer que ahora digan que los hospitales no se van a cerrar”, subrayó Miguel Romero, de UGT. “Celebramos que la movilización sindical y social haya conseguido que el Gobierno dé un paso atrás”.
EL PAIS
