Es el otro plan anticrimen del presidente Enrique Peña Nieto y ha entrado en su fase crítica: ponerlo en marcha. Se llama Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia. Es la parte social de la estrategia del Gobierno de México para rebajar a medio plazo la delincuencia. No son balas, ni gendarmes, ni despliegues operativos. Es una operación de miles de millones de pesos destinada a sembrar un poco de futuro, a tratar de “cambiar las condiciones sociales, esa es nuestra lucha”, según ha explicado este jueves Roberto Campa, subsecretario de Prevención.
El programa supone una inversión de 2.500 millones de pesos (unos 200 millones de dólares). Gobernación actuará en un campo de batalla socialcompuesto por 57 demarcaciones del país con índices de violencia especialmente altos y con unas condiciones sociales que son un combsutible ideal para la delincuencia. El trabajo alcanzará a 1.067 colonias en 80 municipios.
Entre las demarcaciones destacan lugares que hoy son escenario de cruentos enfrentamientos entre bandas del crimen organizado. Están listos ya los proyectos de intervención, por mencionar algunos, de Acapulco (definida en la presentación como “la segunda ciudad más violenta del mundo”), de Ciudad Juárez (que aunque ha bajado sus tasas de crimen notablemente sigue siendo un foco rojo), de la Comarca Lagunera (una crítica región del norte del país que abarca partes de los Estados de Coahuila y de Durango) y de dos áreas del centro de la República: la delegación de Iztapalapa, un enorme barrio de barrios de México DF con unos dos millones de habitantes, y Ecatepec, un municipio del Estado de México que bordea la capital.
Los proyectos para cada demarcación han sido elaborados conjuntamente por las autoridades locales y por la Subsecretaría de Prevención. En los últimos cuatro meses, Campa y su equipo le han dado la vuelta a todo México. Llegaron a cada Estado y le presentaron a los alcaldes y a los gobernadores un mapa de zonas con pésimos indicadores sociales, con una criminalidad elevada y en las que los jóvenes carecen de cualquier incentivo para evitar el camino de la delincuencia.
El programa presta especial atención a los jóvenes y a las mujeres. De hecho, por su enfoque de atención prioritaria a la población de 14 a 29 años, Campa (excandidato presidencial en 2006 por el partido Nueva Alianza, ligado a la enseñanza y antes funcionario priísta) ha llegado ser calificado como el cerebro de los programas para los jóvenes en México.Cada una de las autoridades locales de esas 57 demarcaciones pudo corregir el diagnóstico inicial del Gobierno federal, y con esa retroalimentación los municipios recibieron directrices para aplicar los programas y para distribuir los recursos específicos que les corresponden. “El primer objetivo era el fortalecimiento de las capacidades institucionales en municipios y Estados para la prevención”, se explicó sobre esas reuniones con las alcaldías.
El proyecto pretende influir en las dinámicas educativas y en la regeneración urbana. Por ejemplo, para el flanco de la mejora del urbanismo (para el que usan el concepto de acupuntura urbana)destinarán 680 millones de pesos. Pero se pondrán topes a la infraestructura para evitar la tentación exclusiva de construir para presumir después con fines espurios, como los electorales. “No queremos cemento sin corazón”, afirma una fuente de la subsecretaría de Prevención.
Con todo listo para que los gobiernos locales comiencen a operar los recursos de esta estrategia, otra amenaza potencial asoma en el horizonte: la tentación que algunos políticos podrían tener de desviar a otros fines este caudal de dinero, sobre todo teniendo en cuenta que este verano habrá elecciones en 14 estados, entre ellos varios azotados por la violencia, como Coahuila y Baja California.Se trata de un intento de atajar problemas antes de que sea demasiado tarde. En el costado educativo, Campa resaltó la importancia que le dan a su plan de detectar enfermedades visuales entre los niños. En las 57 demarcaciones del programa se le revisará la vista a los alumnos de primaria, y, según los cálculos de la subsecretaría, se prevé que necesitarán medio millón de gafas para corregir problemas de vista que nunca habían sido diagnosticados. Luchar contra la raíz social y económica de la violencia implica acciones tan poco espectaculares y tan fundamentales como ponerles gafas a los niños para que puedan leer, argumenta Campa.
“Buscamos mantener el programa a salvo de decisiones con un objetivo distinto. Vamos a tener una auditoría suficientemente sólida, robusta, clara, se le va dar seguimiento a los recursos desde esta auditoría, y se van a corregir y a sancionar desviaciones e irregularidades”, dijo este jueves Roberto Campa durante la presentación del plan. Ahora todo queda en manos de autoridades locales. Unas autoridades que desde siempre han sido avasalladas por los delincuentes.
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