Recientemente el Presidente de la República, Nicolás Maduro, asomó la posibilidad de solicitar una ley habilitante para luchar contra la corrupción en Venezuela. De otorgársele el permiso especial, sería la quinta ley habilitante en 13 años. En venezuela la primera vez que se otorgó este tipo de ley fue en los años 60 a Rómulo Betancourt. Posteriormente a Carlos Andrés Pérez en su primer mandato se le aprobó una solicitud de habilitante para crear controles de flujos de divisas. Por su parte, a Jaime Lusinchi y Luis Herrera Campins fueron habilitados para enfrentar la crisis económica.
El expresidente Hugo Chávez es quien lleva la batuta por la mayor cantidad de leyes habilitantes que se le aprobaron. En 1999 hizo la primera solicitud para luchar contra el déficit fiscal, un año más tarde apeló a otro requerimiento especial. Siete años después, en el 2007, Chávez volvió a recibir la habilitación para mejorar el impacto económico del país. Por Último, en el año 2010, se le confirió el poder excepcional para solventar el problema de los estados tras las lluvias, allí fue cuando reformó la ley del trabajo.
Los ciudadanos en la calle opinan que de aceptar la ley, el tema fundamental a solventar sería la seguridad. De 9 entrevistados 5 coinciden en que la inseguridad es el principal problema a resolver con una posible ley habilitante. La economía y la alimentación, traducidos en el abastecimiento correcto de los productos necesarios, sería el segundo punto que más preocupan a los venezolanos. Por último el tema de la corrupción es el que se podría combatir.
Estructura habilitantes
Para aprobar una ley habilitante el presidente Nicolás Maduro tiene que hacer la petición formal. Posteriormente el Parlamento Nacional entrará en discusión para saber si aprueba o no el requerimiento. Para aceptar, la asamblea deberá aprobar solo con las tres quintas partes de parlamentarios de acuerdo, traducido en 99 diputados. De aceptar la solicitud, el Ejecutivo se renuirá de manera privada en consejo de ministros para conversar y decidir las reformas sin que el resto del pueblo se entere de las reformas hasta que las hagan y entren en vigencia.
El proceso culmina una vez que la Asamblea Nacinal revisa el contenido y lo promulgan en una Gaceta Oficial. El abogado Gustavo Linares recordó que los decretos leyes son mecanismos excepcionales a las leyes del parlamento. "El presidente normalmente tiene que acatar las decisiones del poder Legislativo.
"La habilitante le permite al Ejecutivo modificar al legislativo y al consejo de ministro deformar leyes en privado", dijo Linares. El abogado explicó que en ninguna doctrina está permitido que se pueda hacer cambios en las leyes penales con la habilitante, ya que no es posible que un presidente tome decisiones en materia penal. "El tema de la corrupción es una legislacion penal", destacó el especialista en leyes.
Al darle la oportunidad al presidente de tener un poder especial para dictar decretos-leyes, el ejecutivo se convertiría "en una Asamblea Nacional paralela una vez que tiene la habilitación".
Intención de la ley
Para Gustavo Linares Benzo el objetivo principal de la solicitud es darle más protagonismo a Nicolás Maduro para que sea el "paladín y héroe" contra la corrupción.
El diputado Alfonso Marquina opinó que el ejecutivo Nacional no necesita poderes especiales debido a que el marco jurídico actual en Venezuela le proporciona las leyes necesarias para luchar contra la corrupción. "Hay que controlar es la gestión del Gobierno", señaló Marquina.
A su vez, Linares Benzo consideró que el trasfondo de la ley habilitante se orienta a cambiar el control fiscal.
La solución no es la habilitante
"Lejos de modificar las leyes, hay suficientes. Necesitamos que los órganos de los poderes públicos hagan cumplir las leyes, así como también la propia Asamblea Nacional que tiene control político y la Contraloría de la República cumplan sus funciones", explicó Gustavo Linares.
"La habilitante no es una solución en materia de corrupción, el Gobierno y el estado tienen todos los recursos para luchar contra la corrupción", opinó el abogado. Para él es necesario aumentar el número de fiscales del Ministerio Público, dotar a la división contra crimen organizado, y duplicar los presupuestos de estas organizaciones. A su vez el especialista precisó la necesidad de reformar le ley de ilícitos cambiarios
"Yo diría que el Gobierno debe continuar con esta política de atacar esos hechos concretos de corrupción como ha hecho en esos puntos concretos y un fortalecimiento en materia penal del Ministerio Público y policías, que necesitan más asistencias presupuestarias y técnicas", concluyó,
